Madera legal: un concepto y una hoja de ruta a seguir

La comprensión del concepto de madera legal representa un paso fundamental en el camino hacia la legalidad. A partir de su aceptación, socialización y apropiación, por parte del sector y la sociedad, es posible trazar una línea de trabajo para alcanzar el aprovechamiento responsable y sostenible de los bosques.

Camilo Marín Villar
Periodista

El pasado mes de abril, el Ministerio de Ambiente anunció la fase de continuidad del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) para el período 2015 – 2018, una de las piezas clave para lograr la sostenibilidad del aprovechamiento forestal en Colombia.

La continuidad y el fortalecimiento del Pacto, muestran que el compromiso por la legalidad en el sector no solo tiene más apoyo, sino que es inevitable. Es un mensaje claro, que le dice al país que no puede existir otra manera de aprovechar y comercializar los recursos forestales que la forma legal. (Véase recuadro: Crecen los esfuerzos por la madera legal en Colombia).

De hecho, cabe destacar que precisamente la fase del Plan de Continuidad arranca con un concepto unificado sobre qué es madera legal para Colombia. La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por consenso establecieron que: “Madera legal es aquella que se aprovecha, transporta, transforma y comercializa de acuerdo con las normas vigentes, permitiendo identificar su procedencia en cualquier eslabón de la cadena forestal productiva y que conlleve a la sostenibilidad del recurso forestal”.

Desde el 2009 inició el proceso de construcción de este concepto, el cual finalizó en marzo de 2016, con el apoyo del gobierno alemán, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la WWF y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).

Para Miguel Pacheco, oficial forestal de la WWF, la definición de madera legal debería recoger elementos de la legislación local (reglamentos internos comunitarios), nacional e internacional, e involucrar a todos los actores y eslabones de la cadena.

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Pablo Vieira Samper, anuncia la continuación y el fortalecimiento del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia.

“En un concepto general, madera legal es toda aquella que cumple con las leyes del país a lo largo de la cadena de valor. Actualmente, el aprovechamiento, transporte y comercio forestal, están regulados por el Régimen de Aprovechamiento Forestal, del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996. Por tanto, la autoridad ambiental ejerce sus competencias basados en éste”, explicó Miguel Pacheco.

El concepto no se remite exclusivamente a las normas forestales, sino a todo el contexto jurídico en general. Madera ilegal incluye no solamente el aprovechamiento del material por fuera de las normas, sino, por ejemplo: la obtención de derechos a través de medios corruptos o la falsificación de documentos, la falsa propiedad de la tierra, la extracción sin permiso o en áreas protegidas, la tala de especies vedadas o la extracción de un volumen de madera superior a los límites permitidos.

Las prácticas ilegales se extienden también a las infracciones en el transporte; el almacenamiento; la primera y la segunda transformación; la fabricación; la venta de productos; el comercio exterior; el impago de impuestos y las declaraciones omitidas en la aduana. Así mismo, el negocio forestal está sujeto a un gran número de requerimientos legales que incluyen normativas referentes a la protección medioambiental; la responsabilidad civil y social; los derechos de los trabajadores y los riesgos laborales.

Más allá del concepto

La consecución del concepto ha sido un trabajo de coordinación interinstitucional y multisectorial, en el que todos los involucrados lograron sumar esfuerzos y voluntades para ponerse de acuerdo con el marco jurídico; además, han identificado la naturaleza de los problemas de la madera ilegal y han establecido una estrategia para enfrentar los desafíos a corto y mediano plazo.

La propuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de cara al 2018, es que este concepto sirva como una plataforma para la fase de continuidad del PIMLC y para la consolidación de la gobernanza forestal en Colombia, en la que se pondrán en marcha nuevas actividades tendientes a combatir el tráfico ilegal de madera, a la par de generalizar su uso legal en el país.

El Pacto busca que todos los eslabones de la cadena involucrados en la extracción, el transporte, la transformación y la comercialización garanticen el origen legal de la madera en Colombia.

En suma, el concepto va más allá de la simple definición y aclaración del tema, el verdadero valor está en su implementación y en su permanente verificación y seguimiento, de manera que se traduzca en acciones reales.

Entre otros temas, los gestores reconocen que hay que continuar desarrollando acciones para enfrentar y solucionar desafíos tales como:

Reducir el desconocimiento y la desinformación sobre la legalidad de la madera

Uno de los principales desafíos a resolver para lograr que las leyes forestales sean efectivas ha sido el desconocimiento de la reglamentación que existe en toda la cadena maderera, e incluso, por parte de autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento. La insuficiente información ocasiona descoordinación entre los sistemas de administración gubernamentales, lo que hace que aumente la ineficiencia e inoperancia de las normas.

Al respecto, Miguel Pacheco, asegura que la falta de información sobre la legalidad trasciende y supera el aprovechamiento y la manufactura de la madera, y llega hasta el comercio, en la medida que hay un desconocimiento sobre el efecto que puede causar comprar un producto de madera ilegal.

“El mercado de madera en Colombia se caracteriza por no saber diferenciar la madera legal de la ilegal (en términos de calidad del producto: “madera es madera”), comúnmente, las personas tienden a comprar el producto más económico, el cual, potencialmente, es ilegal”, explicó Pacheco.

Capacitar a las autoridades sobre las normativas vigentes

La apropiación del concepto por parte de las autoridades ambientales y de vigilancia servirá para realizar un mejor control, por ejemplo, en el otorgamiento de salvoconductos de movilización, de esta manera las autoridades encargadas de revisar los documentos y registros mejorarán su capacitación para relacionar lo que establece el permiso con la carga de madera transportada.

De hecho, una de las situaciones que favorece el tráfico de madera es el “blanqueo”, práctica que consiste en transportar madera ilegal amparada con documentos provenientes de otras zonas. Las autoridades en muchos casos no cuentan con la capacidad para identificar las especies, y por ende les resulta muy difícil contrastar la información de los documentos.

Para enfrentar este reto, dentro de algunas acciones específicas, en los últimos años, los gestores han realizado más de una docena de pruebas piloto para establecer un Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), que garantice que una vez se emita el permiso éste sea aplicable a nivel nacional.

Las CAR y CDS capacitan frecuentemente al Ejército, Policía Nacional y funcionarios, en la identificación y cubicación de la madera para mejorar el control.

Implementar sistemas de reconocimiento y certificación forestal

Otro problema es que la producción no tiene como demostrar la legalidad de la madera, pues no existe una etiqueta, o certificado nacional que lo garantice. A partir del concepto, se podrán establecer criterios para la identificación e incluso adoptar y generalizar certificaciones similares a la Forest Stewardship Council (FSC). La certificación tiene como objetivo asegurar la realización de una gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable.

Concientizar a la sociedad sobre beneficios de realizar una compra responsable

Según explica, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, es importante analizar la compra de la madera desde dos puntos de vista: la legalidad y la sustentabilidad.

Para una compra responsable es necesario pensar en el impacto que tiene la decisión de compra en la conservación o la degradación de los bosques, en las dinámicas del mercado o en cómo se afectan las comunidades.

En este sentido, y teniendo en cuenta las preguntas que actualmente se hacen los consumidores en cuanto a ¿cuál es la madera legal y dónde se encuentra?, también se creó el concepto de Madera Legal para el País, el cual permite a los ciudadanos conocer más sobre el producto forestal que están adquiriendo y vincular también a los productores y empresas forestales, reconociendo la legalidad en sus actividades.

Mejorar el conocimiento de los productos y su potencialidad en el mercado

Según explica la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la divulgación de la información existente de tipo legal, ambiental y comercial, de la madera y los productos elaborados con esta, permitirá identificar proveedores y mercados potenciales tanto a nivel nacional como en el extranjero.

El sello del Forest Stewardship Council (FSC) demuestra que los productos maderables provienen de bosques bien manejados y que cumplen con la normatividad legal.

Actualmente, se cuenta con una Guía de Compra y consumo responsable de Madera en Colombia, la cual busca ser el norte para las compras legales de madera por parte del Estado en el marco de la política de Colombia Compra Eficiente.

Fortalecer la comunicación y unificar criterios entre las autoridades ambientales

En el pasado, la divergencia en las decisiones de las autoridades regionales y la falta de acuerdo en las estrategias, dificultaba el monitoreo, la evaluación y el control de las zonas de aprovechamiento forestal.

Particularmente, existía una gran heterogeneidad en las capacidades y en la gestión de las Corporaciones que dificultaba el funcionamiento del sistema de control ambiental a nivel territorial. No había acuerdos en tarifas y términos para el otorgamiento de permisos y la gestión no era rigurosa en todos los casos.

Hoy en día, según explica el ingeniero Rubén Darío Moreno Orjuela, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Carder, “se desarrolló el Proyecto de Posicionamiento de la Gobernanza Forestal, en Colombia, en el que participaron un buen número de CAR y el MADS. En el marco de este proyecto se generaron cuatro protocolos para realizar las actividades de evaluación, seguimiento y control forestal durante la evaluación de los planes, en el aprovechamiento, durante la movilización y en la comercialización y transformación de la madera. Con estos protocolos se espera, una vez implementados en su totalidad, se reduzca la discrecionalidad técnica e institucional entre las CAR.

Visibilizar el aprovechamiento o empresa como un sitio de comercialización de productos forestales legales y con tendencias hacia la sostenibilidad, generando una imagen de confianza en el consumidor

Otro desafío que enfrenta la implementación del concepto de madera legal en Colombia es conocer a ciencia cierta los centros de aprovechamiento, distribución y comercialización de productos de madera que cumplen con la normatividad.

En este sentido, se creó el Primer Catálogo Nacional de Productores Legales de Colombia, una plataforma para que los colombianos conozcan las empresas privadas y comunitarias que cumplen con los estándares legales y protegen los bosques en el país. Además, incluye las empresas forestales colombianas que procesan y comercializan maderas y guadua legales para diferentes mercados.

El catálogo, que se puede consultar en www.elijamaderalegal.com, es un instrumento vital para los mercados internacionales que exigen la demostración de la legalidad de la madera, como en el caso del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea, que prohíbe la entrada y comercio de madera ilegal y sus derivados en toda la Comunidad Europea; y de la Ley LACEY hace lo propio en Estados Unidos.

Implementar herramientas tecnológicas para garantizar la trazabilidad de la madera

A partir de este concepto se continuará trabajando en la creación de un sistema de trazabilidad que articule los diferentes requisitos que debe cumplir la madera legal en todos los eslabones de la cadena forestal, desde todas las instancias involucradas.

Para lo anterior se requiere una cadena de custodia fundamentada en mecanismos de certificación que permitan que la madera, a través de marcas físicas, pueda identificarse a lo largo del proceso, y que pueda fácilmente separarse de la madera no certificada.

La fase de continuidad del Pacto Intersectorial por la Madera legal en Colombia cuenta con una serie de herramientas tecnológicas que permiten a los profesionales en el área forestal, cubicar e identificar las especies maderables, mejorando así la gestión y el control. Se trata de aplicaciones digitales, como Cubimadera y Especies Maderables, disponibles de manera gratuita para teléfonos móviles y tabletas con los sistemas operativos Android e IOS, y que sirven para asegurar que la madera extraída, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales.

También se están empleando lupas digitales, instrumentos que permiten la comparación de muestras de madera con imágenes existentes en las bases de datos para identificar especies maderables y controlar su comercialización ilegal.

Sostenibilidad y gobernanza forestal

Finalmente, vale la pena decir que la fase de continuidad del Pacto busca la sostenibilidad del aprovechamiento forestal en Colombia y para ello se enfoca en la generación de alianzas, destinadas a crear estructuras de gestión forestal locales y nacionales, autónomas, tecnificadas y eficientes. Para lograr esto, todos los firmantes reconocen que no basta con definir y unificar el concepto de madera legal, este sólo era uno de los pasos obligados para avanzar hacia el manejo forestal sostenible.

Para WWF, comúnmente se piensa que la sostenibilidad sólo tiene que ver con el tema ambiental, aun así, la sostenibilidad es un triángulo perfecto conformado por lo ambiental, lo económico y lo social. Para que se pueda hablar de madera sostenible, esta debe ser socialmente benéfica, económicamente viable y ambientalmente amigable.

Para alcanzar la tan anhelada sostenibilidad el país debe tener una efectiva gobernanza forestal, que es la forma como todos los actores de la cadena de valor ejercen autoridad en el manejo de los recursos forestales, procurando una mejor calidad de vida para todos ellos.

La gobernanza forestal entiende los bosques más allá de la madera, y también como un espacio para la planificación, lo cual incluye la gestión sostenible para otras actividades económicas como la agricultura y ganadería, además de ser un espacio para el asentamiento humano.

Fuentes

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pactomaderalegal@minambiente.gov.co

Miguel Pacheco. Especialista forestal de la WWF Colombia. mpacheco@wwf.org.co

Ruben Dario Moreno Orjuela. Jefe oficina asesora de planeación. Carder. rudamor@carder.gov.co

Alejandra Ospitia. Directora ejecutiva de Fedemaderas. fedemaderas@gmail.com

 

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