Por : Camilo Marín Villar
Periodista

Definir reglas de juego claras en la adquisición de predios, la justa aplicación del impuesto al patrimonio, la posibilidad de importar más semillas y la certidumbre del CIF, deben ser aspectos a resolver para generar un ambiente de confianza entre los inversionistas e impulsar, de una vez por todas, la reforestación comercial en Colombia.

De cara al nuevo panorama económico de postconflicto en Colombia, la inversión en el sector forestal es una de las llamadas a contribuir con el crecimiento del país, más aún cuando atrás quedó la bonanza de la industria minero-energética y el precio de los hidrocarburos se estima mantendrá niveles bajos.  Ahora el reto es lograr diversificar la economía aprovechando el potencial de sectores alternativos como el forestal que puedan complementar las finanzas nacionales y así obtener crecimientos representativos y constantes.

Fedemaderas, gremio que agrupa a los reforestadores en Colombia, ve con muy buenos ojos el actual momento y se muestra optimista frente a la gran oportunidad que se tiene en materia de reforestación comercial. Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de esta agremiación, así lo manifiesta, a la vez que señala la importancia de la coyuntura para atraer nuevas inversiones al sector, las cuales son indispensables para la tecnificación, el desarrollo, el crecimiento y el aprovechamiento de los bosques.

“Es el momento ideal para generar y consolidar la seguridad jurídica en el país, con el fin de atraer la confianza de los inversionistas. Hoy en día, los Fondos de Inversión Forestal, también llamados ‘Timos’ (Timberland Investment Management), tienen la mira puesta en Colombia y en lo qué sucederá en adelante. Es una oportunidad irrepetible que no se puede desaprovechar, y es fundamental que el Estado ejecute las tareas pendientes para generar un ambiente propicio, sobre el cual se consolide el futuro crecimiento de Colombia y del sector forestal,” menciona la directora de Fedemaderas.

No obstante, los reforestadores tanto nacionales como internacionales están reacios a desarrollar nuevos negocios en el país pues aún existe gran inseguridad jurídica en torno al futuro forestal. Sin dicha seguridad es imposible garantizar la estabilidad mínima para lograr proyectos madereros sostenibles en el tiempo; dado que, en la mayoría de los casos, la reforestación es intensa en capital y exige un mínimo de condiciones y, sobre todo, estabilidad.

Como bien describe Ospitia: “seguridad jurídica es un derecho de los ciudadanos a tener reglas previamente conocidas, públicas y relativamente estables para ejercer sus actividades. Va más allá de la estabilidad en el orden público, y en esencia representa la necesidad legítima de cualquier inversor de conocer y contar con normas previamente establecidas para su negocio; reglas que sean respetadas y garantizadas por el Gobierno y sus instituciones, así como por la sociedad civil y los actores económicos. No se trata que sean reglas inamovibles, pues es claro que los países deben adaptarse a las necesidades de cada momento, pero si deben tener cierta estabilidad”.

Los reforestadores consideran que, dentro del nuevo panorama político del país, el sector forestal tiene una gran oportunidad de aportar al desarrollo social y económico de muchas de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.

El principal factor de inseguridad que afecta a los inversionistas forestales está dado por las restricciones existentes para acceder a la tierra, pues no hay claridad sobre la propiedad de las zonas disponibles para llevar a cabo proyectos agroforestales en un país de gran tamaño. De hecho, aún existe desacuerdo frente a la interpretación de la Ley 160 de 1994, la cual impide la entrega o la venta de tierras en áreas mayores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), unidad que puede variar entre 36 y 1725 hectáreas según la disposición de cada municipio o ente territorial.

En suma, hoy en día, con excepción de algunas tierras de alto costo, en el país es imposible adquirir el mínimo de hectáreas necesarias para sembrar y cosechar árboles y garantizar un negocio rentable. La industria forestal está en un callejón sin salida en el que no se le ofrece la posibilidad a los reforestadores de comprar, ni tampoco de asociarse con los propietarios de la tierra (infraestructura básica para sembrar). En efecto, no se trata de comprar para acumular hectáreas, sino de establecer, por ejemplo, reglas que permitan sembrar a través de alternativas diferentes a la compra como la asociación.

Aunque la falta de tierras es la principal restricción para la inversión forestal, la inseguridad jurídica incluye una serie de barreras adicionales que impiden la llegada de nuevos capitales al sector. Al respecto, la Revista M&M consultó algunos reforestadores colombianos quienes resumieron los aspectos más importantes para superar la incertidumbre actual.

1. Seguridad jurídica sobre la disponibilidad y la propiedad de la tierra: actualmente, la Ley 160 y, en particular, el inciso noveno del artículo 72, restringe la propiedad sobre los terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados para las UAF en el respectivo municipio o región.

Esta disposición, fue concebida con el propósito de impedir que la tierra entregada en procesos de reforma agraria (titulación de baldíos) fuera acaparada por unos cuantos.

No obstante, dicha norma ha sido objeto de diferentes interpretaciones, en las que, de manera retroactiva, se incluye la restricción a la compraventa de los baldíos adjudicados antes de la expedición de la Ley, lo cual es causa de inestabilidad jurídica.

De hecho, para Carlos Andrés López, presidente de Refocosta, y Presidente de la Junta Directiva de Fedemaderas, las interpretaciones retroactivas de la Ley son la principal barrera que impiden generar confianza en el inversionista forestal, pues queda abierta la discrepancia entorno a todos los predios que hubieran sido adjudicados alguna vez como baldíos antes de la norma, lo cual afecta la gran mayoría de las hectáreas aptas en el país y no le deja espacio a la reforestación comercial o a los proyectos agrícolas que necesitan extensiones mayores.

Al respecto, Gabriel Jaime Lopera Arango, director forestal de la compañía Tablemac explica que: “por tratarse de inversiones a largo plazo, uno de los principales insumos de la producción forestal son las tierras. Los inversionistas forestales necesitan tener un panorama de largo plazo claro y estable, en el que existan garantías para que las plantaciones puedan, luego de entre 7 y 20 años, ser cosechadas y aprovechadas para los procesos industriales y, de esta manera, recuperar la inversión”.

De acuerdo con la UPRA, de las 114,1 millones de hectáreas (has) que constituyen el territorio continental colombiano, existen 24,8 millones de has

aptas para el establecimiento de plantaciones comerciales.

Existen muchas regiones del país, como la Orinoquia, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Sur de Bolívar, Córdoba, entre otras, con un importante potencial forestal y con una gran cantidad de tierras que se encuentran subutilizadas; sin embargo, la falta de claridad frente a la interpretación jurídica de la Ley 160, hacen que el panorama sea muy incierto para el desarrollo de proyectos forestales en estas zonas.

La directora ejecutiva de Fedemaderas, Alejandra Ospitia, respalda esa opinión y enfatiza que la intención de los reforestadores no es, ni mucho menos, comprar terrenos para especular.

“Nuestro negocio no es acumular tierras, el objetivo forestal es cultivar árboles; lo que sucede es que, para lograr proyectos productivos y sostenibles en el tiempo, es necesario contar con mínimo el cincuenta por ciento de las hectáreas del proyectopropias sembradas que garanticen la infraestructura de la reforestadora, además de otro número de tierras que puedan ser adquiridas por la compañía o concertadas a través de alianzas con los dueños en diferentes modelos de negocios, en los que tanto el inversionista como el titular del predio se beneficien”.

Según explica Fedemaderas, se pueden utilizar modelos asociativos como los que propone la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), la cual representa un paso muy importante para lograr la estabilidad jurídica en materia de la disponibilidad de la tierra, pues busca poner a trabajar a empresarios y campesinos de manera colaborativa en áreas de difícil acceso donde los costos de producción son elevados.

La nueva reglamentación abre la posibilidad de adquirir áreas de tierra donde se puedan establecer proyectos forestales con escalas atractivas para fondos extranjeros.

Con esta Ley los particulares podrán proponer, para dichas zonas, proyectos asociativos que vinculen a campesinos y empresarios; además, el Gobierno se compromete a otorgar estímulos especiales, como bienes públicos, es decir, carreteras, distritos de riego, investigación y acceso al crédito, entre otros.

De hecho, la asociación es un ejercicio común en este tipo de negocios. Por ejemplo, La Federación Nacional de Cafeteros –por tamaño, el segundo mayor reforestador del país– cuenta con un modelo asociativo interesante, ya que es una reforestación constituida por múltiples dueños de pequeñas porciones de tierra que se unen en núcleos para formar empresas industriales que comparten asistencia técnica y trabajo, sin perder cada uno la titularidad de la tierra.

Otro ejercicio es el de cuentas en participación, una figura que usa la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA) y Smurfit Kappa Colombia, en el que los propietarios particulares aportan la tierra y las empresas los insumos y la tecnología para el establecimiento y el manejo de las plantaciones. Al final del ciclo productivo, la madera en pie se distribuye de acuerdo con la participación previamente pactada.

Un modelo diferente es el arrendamiento total o parcial de las tierras, entre otros, utilizado exitosamente por Tablemac, empresa que no compra tierras, sino que se vuelve arrendatario de propietarios pequeños y a veces arrendatario parcial, sin desarraigar al propietario, quien muchas veces se queda en parte del predio haciendo su propia agricultura o ganadería.

La ley Zidres está a la espera de la reglamentación por parte del Gobierno y de que la Corte Constitucional resuelva dos demandas interpuestas por un grupo de senadores, lo cual debe resolverse en lo que queda del año. Luego de eso, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Ministerio de Agricultura deberán determinar las áreas aptas para las Zidres, definir asuntos como los tiempos de concesión según los ciclos productivos y formular planes de transición para la producción.

La Federación Nacional de Cafeteros es uno de los mayores reforestadores a nivel nacional, para ello emplea modelos de asociación en los que los dueños de la tierra se unen en núcleos forestales que comparten asistencia técnica y trabajo.

Para Alejandra Ospitia, si la Corte declara inexequible la Ley Zidres se cierra la puerta a nuevas inversiones y se reduce la posibilidad de la llegada de las empresas forestal extranjeras al país en un 70%; ya que, sin la posibilidad de la asociación, sólo se podrían establecer proyectos en aquellas tierras que fueron baldíos habilitados antes de 1961; es decir, con excepción de una pequeña parte del departamento de Córdoba, algunas zonas de la Costa Caribe y Antioquia, no quedarían tierras viables para desarrollar proyectos forestales sostenibles en Colombia.

La naturaleza del negocio forestal implica mantener la inversión congelada durante el crecimiento de los árboles hasta la cosecha, momento en el que se genera la utilidad

“Si se cae la Ley Zidres se pierde una gran oportunidad, no sólo para el sector forestal sino para la agricultura en general. Lamentablemente no hay “Plan B” y, en este sentido, sin Zidres la inversión forestal se retrasaría aún más”, enfatizó Ospitia.

2. Claridad tributaria: actualmente, existen gravámenes como el impuesto a la riqueza (antes conocido como el impuesto al patrimonio) que ha perjudicado fuertemente a los reforestadores, pues se cobra desde la primera etapa de la siembra y sobre las plantaciones que no son productivas durante largos periodos de tiempo.

Por naturaleza, esta actividad requiere grandes inversiones de capital en los primeros años de la plantación sin la obtención de ganancias, para poder ir construyendo un activo biológico que puede tardar en desarrollarse y generar ingresos entre 7 y 20 años después de la primera siembra; en este sentido, el impuesto a la riqueza es contradictorio pues castiga ganancias que no existen y termina consumiendo los incentivos tributarios o los recursos del mismo CIF.

Gabriel Jaime Lopera explica que los empresarios forestales no se oponen al pago de impuestos, sino que piden que estos sean acordes y razonables en el tiempo con la actividad que desarrollan.

De igual manera, Alejandra Ospitia aclara que los reforestadores no están pidiendo permanecer exentos de impuestos o inamovilidad tributaria, en lo que no concuerdan es en continuar pagando un tributo a la riqueza sobre árboles que apenas se siembran y que no representan renta alguna durante periodos de 7, 12, 14, 15 o, incluso, 20 años después.

“Estaremos dispuestos a cumplir con todas las obligaciones tributarias, lo que pedimos es que nos cobren lo justo y en el momento de generar utilidades. Por ejemplo, en Uruguay los proyectos forestales también están gravados con un impuesto a la riqueza, pero allí se entiende que la naturaleza del negocio sólo genera renta hasta la primera cosecha y por ello las autoridades comienzan a cobrar este tributo un año antes sobre los árboles que están a punto de ser productivos y generar utilidad,” explicó la dirigente gremial.

Carlos Andrés López, gerente de Refocosta, asegura que más que apoyos o incentivos lo que requiere el sector es estabilidad y equidad tributaria, acorde al tipo de negocio y a los ciclos productivos de los cultivos. Por ello, espera que, para el segundo semestre del año, el Gobierno incluya, en la tan esperada y anunciada reforma tributaria estructural, cambios al impuesto a la riqueza para que este sea cobrado, precisamente, cuando los bienes forestales están a punto de ser aprovechables.

3. Seguridad y reglas claras para el desarrollo y la transferencia genética forestal: hoy por hoy, los procesos y los trámites para la importación de semillas y clones para la reforestación comercial son complejos, lentos y están limitados a unas pocas especies, que dejan de lado un gran paquete genético indispensable para competir internacionalmente.

Como explica Gabriel Jaime Lopera Arango, de Tablemac: “el país no cuenta con instituciones especializadas en la investigación y desarrollo de tecnologías forestales que permitan maximizar la productividad de las plantaciones, mejorar las condiciones fitosanitarias e incentivar la implementación de sistemas más eficientes de producción, cosecha y transformación forestal”.

Por ello, y escuchando la voz de los reforestadores, en septiembre del año pasado el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió la resolución 3168, en la que autoriza la importación de 15 especies de semillas para la reforestación comercial, desde ocho países.

Para este año, Fedemaderas espera que el ICA continúe estableciendo los requisitos para adelantar la transferencia de tecnología y desarrollo genético que tanto necesitan los reforestadores.

“No pedimos que se flexibilicen los requisitos de importación de semillas, buscamos que el ICA nos ayude a terminar de aclarar y establecer las exigencias para dicha importación. Estamos dispuestos a cumplir con todos los requerimientos técnicos y científicos, con la cuarentena exigida y las medidas de seguridad y protección fitosanitaria que las autoridades impongan, y necesitamos que se establezcan dichas exigencias y nos permitan traer el desarrollo genético necesario para competir con los países desarrollados”, explicó Alejandra Ospitia.

Los empresarios reconocen el valor de la zonificación para la reforestación realizada por la UPRA, pero solicitan la aclaración del concepto de zonas de media y baja aptitud forestal.

Los reforestadores proponen regulaciones que estimulen la inversión extranjera en el sector y que den seguridad jurídica, lo cual impulsaría todos los eslabones de la cadena industrial.

4. Seguridad jurídica a partir de políticas públicas forestales claras y de largo plazo: especialmente, en los últimos quince años los diferentes gobiernos han realizado esfuerzos para apoyar el sector; no obstante, el país debe formular una política forestal nacional clara y a largo plazo, de acuerdo con las necesidades actuales y las partes interesadas (es decir, todos los sujetos que dependen u obtienen beneficios de los bosques, o aquellos que deciden, controlan o reglamentan el acceso a esos recursos), en armonía con las políticas socioeconómicas y ambientales nacionales, para guiar y determinar las decisiones sobre el uso sostenible y la conservación de los recursos de bosques y árboles en beneficio de la sociedad.

Fedemaderas, junto a los ministerios de agricultura y de ambiente, viene trabajando para impulsar este tema. Entre otros aspectos, buscan aclarar y corregir algunas inconsistencias de la actual política para el sector; entre ellas, la zonificación de las hectáreas aptas para recibir proyectos forestales.

Ospitia indica que: “sin demeritar el valioso esfuerzo que realizó la UPRA al realizar y publicar el año pasado el mapa de zonificación forestal, le hemos solicitado a este organismo que se definan claramente los conceptos de zonas de baja y media aptitud forestal en Colombia, pues en muchos casos estas zonas son tierras con gran potencial que, simplemente, requieren una mayor inversión para ser aprovechadas. Al clasificar las tierras de manera tan general, los inversionistas extranjeros no llegan a entender que existen zonas que tienen baja infraestructura o que cuentan con densidades poblacionales mínimas; lo cual, si bien, es un reto adicional para el reforestador, no las excluye de ser tierras con un futuro desarrollo alto. Es necesario aclarar estas calificaciones para que los empresarios interesados no realicen una mala interpretación”.

Así mismo, para continuar y mejorar la formulación de la política forestal, el gremio ha recomendado apoyarse en las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en los resultados de los estudios sobre el potencial de la reforestación comercial en Colombia y que se publicarán en el segundo semestre del año y fueron financiados por el Banco Mundial.

5. Asegurar mayor flexibilidad y disponibilidad de recursos para el CIF: Aunque durante los últimos 20 años el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) ha sido un apoyo directo para el reforestador y ha mejorado su funcionamiento con la administración del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro), aún se queda corto pues sigue teniendo muchas trabas y carece de recursos y presupuesto para apalancar adecuadamente la siembra comercial en el país.

En este sentido, también es necesario ampliar y garantizar la disponibilidad de recursos del CIF, ya que actualmente varía drásticamente de un año a otro y carece de estabilidad en el tiempo, lo cual afecta al productor forestal en su flujo de caja; además, en la realización de las prácticas silviculturales, comprometiendo el adecuado desarrollo de las plantaciones.

Al respecto, Luis Felipe Gonzalez Villaveces, gerente de la Agroreforestadora Rancho Victoria, explica que la seguridad jurídica para el inversionista forestal también se genera a través de la garantía de los recursos de apalancamiento por parte de las instituciones del Estado.

Así mismo, Gabriel Jaime Lopera Arango, considera que las tarifas actuales que contempla el CIF, con las cuales se pretende cubrir hasta el 50% de los costos de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, resultan muy inferiores a los costos actuales de los reforestadores en el país. El CIF también limita la obtención de nuevos recursos sobre el mismo predio durante 20 años, por lo que para algunas especies forestales con turnos inferiores (7, 12, 14 años), no es posible obtener, inmediatamente después de la primera cosecha, recursos para continuar con la actividad.

Adicionalmente, obtener hoy en día el CIF requiere de gran cantidad de trámites, tiempo y recursos. Lo anterior implica mayores gastos para el reforestador y en muchas oportunidades hace inviable para los pequeños poder acceder a este incentivo. Si bien se debe garantizar que los recursos entregados por el CIF sean utilizados adecuadamente, se podrían simplificar los trámites e información requerida.

Alejandra Ospitia opina que el CIF ha sido una herramienta valiosa para impulsar muchos de los proyectos forestales actuales pero que, como todas las políticas públicas, exige una evaluación. “El gremio lleva muchos años solicitándole al Gobierno contratar la evaluación del CIF, para determinar dónde están estos dineros; si son o no suficientes los recursos asignados; si han sido bien utilizados y si hay que ajustar los valores y el proceso”.

Además, es prioritario desarrollar nuevos esquemas de incentivo a la reforestación comercial y a los procesos de transformación e industrialización de la madera, como líneas de crédito específicas, tasas de interés preferenciales, subsidios para maquinaria, etc. Hoy no existen líneas específicas de crédito con tasas preferenciales, años de gracia, aranceles cero para maquinarias, entre otros tantos mecanismos que promuevan el desarrollo de nuevas plantaciones forestales.

6. Seguridad para la trazabilidad y el uso de la madera legal y responsable: para los reforestadores es muy importante continuar y fortalecer el trabajo que se ha hecho para promover el consumo de madera legal en el país, lo cual también hace parte de la seguridad que debe entregársele al inversionista.

Fedemaderas considera que el aprovechamiento controlado y sostenible del bosque natural ayuda a las plantaciones comerciales ya que fortalece la adecuada oferta forestal, el concepto de uso de madera, el plan reforestador, crea una cultura social y empresarial de legalidad en todos los eslabones de la industria.

Así mismo, cuando la reforestación comercial crece les quita peso y presión a los bosques naturales y le ayuda a ordenar y recuperar los ecosistemas. “Hemos solicitado tanto al Ministerio de Agricultura como a la cartera de Industria y Comercio que nos ayuden a promover una campaña por la madera legal en Colombia, ante la cual se han mostrado muy interesados,” explicó la directora de Fedemaderas, Alejandra Ospitia.

El apoyo a la reforestación comercial exige una política pública forestal que integre todos los eslabones de la cadena: el aprovechamiento sostenible de los recursos, el transporte y la co-mercialización de los productos, y la lucha contra la extracción maderera ilegal. 

Frente a este tema ya hay avances muy importantes, como la ampliación y ratificación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal, firmado en abril pasado por cerca de 70 empresas y el portal Colombia Compra Eficiente, en el que se está promoviendo en uso y la compra de madera de origen legal por parte de las entidades públicas.

Seguridad de infraestructura y logística para el aprovechamiento de la madera: es fundamental mejorar la movilidad y la infraestructura vial en Colombia para transportar la madera y los productos desde las zonas más apartadas.

La reforestación puede ser uno de los motores de la economía nacional en la etapa del posconflicto, ya que es capaz de generar un alto número de puestos de trabajo de calidad, pero si no se cuentan con las condiciones necesarias de infraestructura para comercializar la madera es imposible el crecimiento del negocio.

En suma, mejorar la infraestructura integral para la competitividad exige, además de invertir más y de superar las problemáticas coyunturales, centrar la atención en la calidad de las vías, propiciar la reducción de los costos generalizados en el transporte y propender por la sostenibilidad ambiental y financiera que sirva de importante motor de crecimiento y desarrollo económico en los próximos años en el país.

Los reforestadores esperan que los esfuerzos en esta materia, contribuyan también al mejoramiento de la infraestructura para el transporte fluvial, ferroviario y portuario de la madera.

En síntesis, lo que los reforestadores necesitan es que se le permita la llegada a la inversión extranjera y nacional, sin poner en riesgo la soberanía nacional sobre las tierras, la seguridad o la autonomía alimentaria. Para ello, es posible regular la adquisición de predios por parte de las empresas, los extranjeros y los compradores, a través de fomentar proyectos asociativos, evitando la apropiación indiscriminada de terrenos con propósitos especulativos y garantizando que sea incluyente con los pequeños y medianos productores.

Además, insisten en la promoción y el desarrollo genético para que las industrias agrícola y forestal sean competitivas; sin olvidar que el progreso forestal permite generar activos de largo plazo como la generación de empleo en el campo y la sostenibilidad de los bosques y los recursos naturales.

Fuentes
Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas. fedemaderas@gmail.com
Carlos Andrés López, presidente de Refocosta. calopez@refocosta.com
Gabriel Jaime Lopera Arango, director Forestal de Tablemac. glopera@tablemac.com
Luis Felipe Gonzalez Villaveces, gerente de la Agroreforestadora Rancho Victoria. luifegon@hotmail.com