Luego de haber sido declarada inexequible la Ley General Forestal LGF (ley 1021/06), el 23 de enero de 2008, y teniendo en cuenta las diversas opiniones que surgieron en el sector ante el vacío dejado por ésta, la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), organizaron el foro ‘Perspectivas Actuales del Sector Forestal’.

Dicho evento, que se llevó a cabo el pasado 18 de febrero de 2008, contó con la participación de 20 personas entre representantes del gremio, de la institucionalidad pública, de la academia, miembros del sector privado, legisladores, investigadores forestales, medios de comunicación y consultores, quienes abordaron y analizaron temas como el estado actual del CIF, la ordenación, el Consejo Nacional de Cadena, la titulación, las competencias para el aprovechamiento de plantaciones forestales, la propuesta de Ley de “plantaciones comerciales y sistemas agroforestales” y el proyecto de decreto que modifica el decreto 1791 de 1996, en lo relacionado con las “plantaciones forestales industriales o comerciales”.

Sobre los asuntos anteriores, el Conif recolectó los distintos puntos de vista, sugerencias y opiniones de los panelistas y participantes y luego, el día 28 de marzo de 2008, difundió un pronunciamiento sobre el tema.

La Revista M&M en su condición de medio de comunicación y con el ánimo de divulgar los puntos de vista expresados, a fin de alimentar una discusión abierta y sana, decide publicar textualmente el pronunciamiento emitido por dicha entidad.

Pronunciamiento Conif

 Aunque suene repetitivo, Colombia tiene un enorme potencial en el ámbito forestal; el país cuenta con una excelente ubicación geográfica, gran diversidad biológica y es el séptimo país en el mundo con mayor área de cobertura forestal, ventajas que aún no han logrado traducirse en bienestar, beneficios y desarrollo para la población.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial han promulgado diversas normas relacionadas con el sector pero, hasta hace menos de dos años, fue aprobada la ley 1021 conocida como la Ley General Forestal – LGF, que buscaba establecer un marco normativo integrado que permitiera la incorporación del sector forestal a la economía del país y la conservación de los bosques naturales. El 23 de enero del año en curso, dicha ley fue derogada por la Corte Constitucional al considerarla inexequible por no haber realizado las consultas previas con comunidades indígenas y afrocolombianas.

En medio de la polémica despertada por esta decisión, distintos expertos del sector forestal se dieron cita el pasado 18 de febrero en un panel organizado por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO con el objeto de conocer de primera mano las opiniones e interrogantes frente a la ausencia de la Ley General Forestal.

Como resultado de lo anterior, se considera que con la caída de la Ley Forestal el país perdió la oportunidad de tener un marco regulatorio integral sobre los bosques en el que se precisaban las competencias institucionales frente a las actividades del sector forestal; por ejemplo se especificaba el marco orientador de la Política de Desarrollo Forestal Nacional – PNDF; se definía lo relacionado con el bosque natural y las plantaciones forestales, la producción industrial, la financiación, estímulos, incentivos, exenciones y garantías para dar seguridad a las inversiones; se institucionalizaban los espacios de diálogo de los actores forestales y se acogían integralmente los derechos de las comunidades que están asociadas al recurso bosque, entre otros.

Con la derogatoria de la Ley, la inseguridad en lo normativo ha producido incertidumbre entre los nuevos inversionistas que tenían interés en aportar capitales importantes para el establecimiento de plantaciones, lo cual generaría empleo rural en el corto y mediano plazo y contribuiría a disminuir la presión sobre el bosque natural hacia el futuro.

 El regreso de las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs a las competencias relacionadas con la exigencia de permisos de aprovechamiento y movilización de la madera proveniente de plantaciones forestales, ha creado complicaciones y retrasos en algunas regiones del país por el requerimiento de nuevos trámites y a la detención de vehículos cargados con madera proveniente de plantaciones; además, algunas CARs no han podido atender de manera rápida y eficiente estos requerimientos, ante la falta de recursos y medios para esta función.

Temas como la Ordenación Forestal que venía retomándose con celeridad por parte de las autoridades ambientales, comienzan a sufrir retrasos al no existir el término perentorio de dos años que establecía la Ley General Forestal para formular los Planes Generales de Ordenación Forestal -Pgof. Este “respiro” para algunas CARs y Corporaciones de Desarrollo Sostenible -CDS retardará aún más esta zonificación tan importante para el manejo del bosque; con la caída de la Ley el manejo del territorio continuará haciéndose sin contar con directrices nacionales para que los bienes y servicios de los ecosistemas forestales se mantengan y sean capaces de atender las necesidades presentes y futuras de nuestra población.

Otro aspecto que queda diluido es el “Inventario Forestal Nacional”, cuya actualización y ejecución había sido encomendada al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Ahora se desconoce quién asumirá y coordinará dichas responsabilidades; mientras tanto, continuaremos sin saber qué tenemos de bosque, en dónde, en qué cantidad y calidad, información básica para poder administrar sosteniblemente este recurso natural.

En relación con el Certificado de Incentivo Forestal – CIF, el traumatismo es mayor debido al traslado de las competencias desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR a las CARs, lo que implica mayores costos y demoras para los usuarios y genera retrasos en el ámbito institucional, ya que se hace necesario trasladar y manejar técnica y administrativamente cerca de 700 contratos que eran responsabilidad del MADR. 

 Respecto a la organización y puesta en marcha de las “Dependencias Especiales Forestales”, con la caída de la Ley se asestó un duro golpe a los esfuerzos para conformarlas; estas dependencias constituían un punto clave para insertar el tema forestal en la institucionalidad pública, lo cual es necesario para que el sector tenga cierta representación en el ámbito estatal. En la medida en que el MADR, el MAVDT, las Autoridades Ambientales y el IDEAM no cuenten con estas dependencias técnicas y por ende con personal idóneo, será muy difícil que se logre conservar, controlar, aprovechar y restaurar el bosque natural y plantado junto con los demás bienes y servicios que estos ofrecen.

Es importante acotar que Colombia es el único país en América que no tiene una Institución Nacional Forestal que planifique, ordene y administre los bosques, lo cual muestra la falta de interés y visión que tiene el Estado frente a este sector.

Lo mismo ha sucedido en referencia con la asistencia técnica forestal contemplada en la LGF, a pesar que se estableció un plazo de un año para reglamentar las condiciones y los requisitos para esta asistencia, no hay evidencias de que el servicio se hubiera prestado. Ahora existen menos probabilidades de que esta asistencia se dé y en la medida en que esto no ocurra, decisiones importantes concernientes a la silvicultura y el manejo de bosques naturales serán dadas por otras disciplinas respetadas pero no idóneas, tal como sucede hoy en día. Una situación similar se vislumbra con las estadísticas y la información forestal.

 En relación con la investigación y a pesar de que el gobierno (MAVDT, MADR y DNP), los centros de investigación y la academia no coordinaron la estructuración e implementación de Plan Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal en el lapso establecido por la ley (2 años), actualmente, es mucho más improbable que este logro se alcance ya que no existe el plazo y la normatividad que obligue al cumplimiento de lo anterior.

En términos generales, se puede mencionar que a pesar que el gobierno venía incumpliendo las obligaciones asignadas en la Ley 1021 de 2006 (por ejemplo, en los artículos 7, 9, 10, 13, 51 y 53, entre otros) al menos se contaba con la posibilidad de exigir su cumplimiento y hoy en día los sectores ambientales, comunitarios y productivos tienen menos argumentos y herramientas para que este sector contribuya con el desarrollo socioeconómico del país.

Por las razones anteriormente expuestas, la caída de la Ley no se puede considerar como una victoria, tal como lo hicieron algunos sectores ambientalistas; cada día se hace más urgente la consolidación de una política forestal integral para revertir los serios problemas de deforestación y disminuir la presión sobre los bosques y sus recursos asociados; con la caída de la ley se hace más notoria la necesidad de una legislación integral para el sector y no una legislación múltiple y dispersa que no está acorde con las necesidades actuales del país. (Circular 200-209335 MAVDT).

De acuerdo con lo anterior se puede decir que, ante la caída de la Ley muchos han sido afectados. Perdió el recurso forestal porque seguirá talándose a un ritmo igual o superior al que se viene dando desde hace varias décadas; pierde el sector forestal al no disponer de una norma que garantice reglas claras y estables que permitan una inversión sostenida para el desarrollo socioeconómico regional y nacional; perdieron las comunidades asociadas al bosque porque no cuentan con un instrumento que impulse la generación de empleo y mejores ingresos como parte del mejoramiento de su calidad de vida y en consecuencia, pierde el país al reversar una ley que buscaba el desarrollo sostenible a través de la creación de un número significativo de fuentes de trabajo, generación de riqueza y mejores posibilidades de aumentar los recaudos por concepto de la tributación, que al final se convierten en beneficio social.

 Por lo anterior, es urgente conocer nuevas propuestas que estén orientadas a dinamizar al sector forestal:

• Por ejemplo, aquellos que encontraron inconvenientes con la Ley, deben contribuir precisando cuáles fueron los artículos o los textos que permitían, entre otras “la entrada de multinacionales para acabar los bosques”, “la legitimación de la apropiación de tierra” y “la devastación de los bosques naturales” con el fin de revisarlos y corregirlos en la eventualidad de la formulación de una nueva ley.
• Impulsar normas separadas: una para plantaciones comerciales y otra para bosque natural. Aparentemente hay interés en avanzar en este sentido, ya que el MADR está tramitando un proyecto de ley sobre plantaciones forestales productoras y sistemas agroforestales.
• Reiniciar el proceso para formular una nueva Ley Forestal, sometiéndola a consulta previa con comunidades, lo cual despierta cierta incertidumbre, ya que el proceso es complicado y puede tardar mucho tiempo. La Ley 1021 (LGF), requirió cerca de 11 años en construcción y tuvo escasamente dos años de vigencia.
• Es necesario apoyarnos en un grupo de líderes que encabece un proceso intensivo de gestión, con el fin de llevar el tema forestal de desarrollo sostenible al alto gobierno.
• Iniciar un plan de medios para divulgar y sensibilizar a la población respecto a las ventajas que puede representar para el país el desarrollo del sector forestal y para mantener un canal de comunicación entre opinión pública y los distintos actores que componen el sector.
• Promulgar lo más rápido posible el decreto anunciado por la Dirección de Ecosistemas del MAVDT y relacionado con los aprovechamientos forestales y permisos de movilización para madera proveniente de plantaciones forestales.

Mantener el estado actual será garantía para que continúe el aprovechamiento ilegal del bosque, su deterioro y desaparición, incluso en áreas de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Los nuevos inversionistas que querían incorporarse a través del establecimiento de plantaciones forestales optarán por hacer un compás de espera y quedarán expectantes para saber como evoluciona la seguridad normativa.

Y, las comunidades y sectores productivos asociados al bosque y a sus maderas seguirán siendo de un sector marginal de la economía y desarrollo del país, a pesar de que Colombia es un país forestal, donde el 54% de su territorio cuenta con coberturas vegetales naturales y es el séptimo país con mayor área de cobertura forestal en el mundo.