Carolina Obregón Sánchez.

Periodista M&M

 En la última década el país ha adelantado varias iniciativas puntuales de manejo forestal sostenible, contempladas dentro de la legislación forestal como medidas alternativas para contrarrestar los problemas sociales, económicos, políticos  y ambientales que lo aquejan. ¿Cuáles son los resultados y cuáles las posibilidades de sostenibilidad que tienen estas iniciativas?

Colombia es conocida por poseer exóticos ecosistemas con una diversidad admirable de flora y fauna y recursos naturales posibles, gracias a los diferentes tipos de clima que podrían hacer de ella una de las naciones más prósperas y una de las economías más estables a nivel mundial, basada en el aprovechamiento sostenible de esos recursos. No obstante, debido a causas tan disímiles como históricamente frustrantes, la realidad del país es otra.

Los problemas de violencia, narcotráfico, pobreza y marginalidad, ha originado nuevos conflictos relacionados con el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de los suelos. Si bien, el recurso forestal colombiano ha sido sometido desde siempre a prácticas de explotación, extracción ilegal de especies madereras y el desarrollo de actividades agropecuarias y ganaderas no sostenibles; en ésta ocasión la utilización de los bosques tiene un componente de ilegalidad que afecta principalmente a aquellas regiones del país en alto estado de vulnerabilidad.

En efecto, la expansión de cultivos ilícitos, se ha convertido en los últimos 20 años en uno de los factores que mayor deterioro ha causado en el estado boscoso del país. Según datos recientes (ver Fuentes), en Colombia existen actualmente unas 120 mil hectáreas de bosque destinadas al cultivo de coca y cerca de dos mil para la siembra de amapola; cuyo resultado es la destrucción de 2.2 millones de hectáreas de bosque natural en la última década, únicamente, para solventar esta economía ⁽²⁾.

Así mismo, se estima que 68.600 hogares especialmente del área rural se dedican a esta actividad, generando ingresos promedio de US$12.300 anuales (unos $29 millones anuales o $2 millones 400 mil mensuales), una cifra que si bien puede ser considerada como un buen pago por el hecho de cultivar esta materia prima para la elaboración de drogas; no compensa los 81 homicidios por cada 100 mil habitantes registrados en el año 1992 y los $11.4 billones que Colombia ha pagado en los últimos diez años por efecto de la lucha antidrogas ⁽³⁾.

De ahí que para dar respuesta a este conflicto, el Gobierno Nacional creó hace cuatro años el Programa de Desarrollo Alternativo – PDA ⁽⁴⁾  con el fin de establecer, entre los años 2003 y 2006, las bases para promover el desarrollo sostenible del sector forestal y propiciar iniciativas de generación de ingresos lícitos para las comunidades rurales que, por razones de pobreza, violencia y condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida; son vulnerables frente a la actividad del narcotráfico.

El objetivo de esta iniciativa de desarrollo sostenible ⁽⁵⁾ fue, además erradicar los cultivos ilícitos y prevenir su expansión, mitigar la pobreza por medio de la creación de oportunidades para el empleo productivo y sostenible para las comunidades que habitan en áreas que, a pesar de su alto potencial forestal, se encuentran en alto grado de precariedad.

 Del Plan a la Acción

Según Darío Fajardo, Oficial de Programas de la FAO en Colombia, el inicio de este proceso “fue una tarea difícil debido al alto grado de desconfianza de las comunidades rurales ante estas iniciativas” que, aunque ya se habían planteado como mecanismo para contrarrestar problemas sociales y económicos en ciertas regiones del país; nunca lograron ser concretadas, generando una sensación de frustración en las poblaciones implicadas.

De ahí que, inicialmente se tuvieron que establecer unas condiciones básicas de interlocución con las comunidades para recuperar la confianza y enseñarles cómo, el Manejo Forestal Sostenible – MFS, posibilita las oportunidades para la obtención de ingresos que aunque “no son comparables con las ganancias de los cultivos ilícitos, sí se generan en un marco de legalidad”, paz y tranquilidad, permitiendo además; el aprovechamiento, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios a partir de los recursos naturales para el mejoramiento de su calidad de vida, la recuperación de los suelos, la protección de las fuentes de agua, el control de la erosión o la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

En este sentido el PDA estableció para los cuatro años de aplicación, tres lineamientos que definieron sus actividades: Proyectos Productivos de Generación de Ingresos, Familias Guardabosques y Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Social y Monitoreo; en los que las comunidades, en coordinación con las entidades oficiales regionales o locales (alcaldías o gobernaciones), son el componente principal para posibilitar los cambios sociales, ambientales y económicos para su futuro y; el fortalecimiento de su autonomía y capacidades gubernamentales, democráticas y administrativas.

De ahí que, en asocio con organismos de apoyo internacional, ONG comunitarias y ambientales, la empresa privda y otras entidades estatales dedicadas a la investigación forestal, se crearon programas de educación, capacitación y tecnificación para preparar a las poblaciones implicadas en temas como: manejo y aprovechamiento forestal y ambiental, tecnologías de aprovechamiento y transformación primaria de la madera y, en aquellos relacionados con su calidad de vida como etnoeducación ⁽⁶⁾, alimentación y fabricación y producción de artesanías a partir de semillas vegetales.

El fin de estas acciones ha sido brindar a las comunidades rurales las bases necesarias para el inicio de sus propios planes de negocios agropecuarios y/o forestales, administrados bajo esquemas asociativos, productivos y comerciales; a los que se les conoce como asociaciones forestales o consejos comunitarios, integrados voluntariamente por las comunidades dueñas de un área específica de bosques que por su potencial ambiental estratégico, productivo y operativo, son aptas para su manejo forestal sostenible.

La concreción de éstos proyectos a mediano y largo plazo, se desarrolla en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Caldas, Córdoba, Santander, César, Magdalena y Bolívar y; ellos están enfocados a la promoción del ecoturismo y la conservación ecológica o al fortalecimiento de las cadenas forestales productivas rurales.

Casos de Éxito

Es así como, por ejemplo, el Proyecto Montebravo que se viene desarrollando desde el 2004 en la Costa Pacífica de Nariño, principalmente en el municipio de Tumaco, y cuyo fin es articular la cadena forestal productiva de esta región, cuenta hoy en día con tres consejos comunitarios forestales para el aprovechamiento racional de los bosques, 11 asociaciones agrofofrestales y una asociación de mujeres artesanas; que bajo el precepto de los Reglamentos Internos han logrado administrar y aprovechar correctamente sus recursos naturales.

Por ejemplo, en materia forestal estos consejos comunitarios diseñaron planes operativos anuales, que les ha permitido adelantar labores de identificación y reconocimiento de las áreas boscosas y realizar inventarios y censos forestales para definir la estructura y aprovechar sostenible los recursos forestales; así como los procesos para la extracción y transformación de la madera. El resultado ha sido el establecimiento y aprobación de 13.806 hectáreas con Planes de Manejo Forestal –de una superficie potencial de bosques de 29.191 hectáreas– en donde especies forestales nativas; son aprovechadas sosteniblemente, logrando producciones estimadas en 11.334 m³ anuales de madera rolliza.

Igualmente, se han recuperado plantaciones de Cacao para la producción agroforestal que son alternadas con cultivos de Plátano, Yuca, Maíz, Fríjol y especies frutales, leguminosas y hortalizas que sirven también como fuente de alimento a los habitantes de las comunidades.

En materia ambiental, se implementaron una serie de programas de software especialmente diseñados para evaluar los avances del programa y prevenir los posibles impactos ambientales no deseados que algunas actividades –como el corte o aserrío de árboles– podría traer al medio ambiente; favoreciendo acciones de planeación y ejecución del aprovechamiento de los recursos naturales.

Paralelamente, según información de otros programas apoyados por la USAID, se estima que cerca de 23 mil hectáreas de cultivos ilícitos han sido erradicadas, beneficiando a 80.900 familias en ocho departamentos del país (datos a junio de 2006); mientras que en 34 proyectos agroforestales se han erradicado 24 mil hectáreas en las que 8.700 familias se han favorecido (cifras de diciembre de 2005).

Entre estos programas se destaca las Familias Guardabosques –por su carácter protector y conservador del medio ambiente y de aquellas áreas ecológicamente estratégicas para el país– que actualmente atiende a más de 43 mil familias campesinas, afrocolombianas e indígenas de los departamentos de Tolima, Putumayo, Bolívar, Nariño, Antioquia, Guaviare y Magdalena; con las que ha adelantado, además de las anteriores, actividades de reforestación, recuperación de microcuencas, revegetalización y de ecoturismo.

De estas acciones, se logró recuperar 1 millón 250 mil hectáreas dedicadas al cultivo de coca y establecer unas 167.533 hectáreas como plantaciones comerciales, en las que se adelantan 34 proyectos de producción de alimentos orgánicos que hoy en día hacen parte de la oferta de Mercados Verdes en cadenas de supermercados como Carrefour o Cafam. De esta manera, las familias además de percibir el ingreso que el Estado les otorga por su actividad legal –$360.000 anuales por familia–, tienen la posibilidad de generar recursos económicos adicionales a partir de su trabajo; mejorando a la vez las condiciones para su calidad de vida.

En materia de ecoturismo, 20 Familias Guardabosques de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron vinculadas y capacitadas, para iniciar el programa de turismo ecológico en donde las viviendas familiares sirven como posadas para los visitantes.

Una Necesidad, Una Realidad.

Aunque si bien los programas de MFS en Colombia, responden a un plan estatal específico -el PDA-, ellos se constituyen también como una alternativa que, por necesidad misma del país es necesario prolongar para contrarrestar factores como la alta movilidad de los cultivos ilícitos –por efecto de la relación entre grupos armados, guerrilla y narcotráfico– y las hasta ahora nacientes oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales que ponen en riesgo la sostenibilidad de la iniciativa.

En este sentido, Gabriel Escobar, Oficial Ambiental de la Misión de USAID en Colombia, explica que, aunque el hecho de involucrar a las comunidades en el proceso genera apropiación y sentido de pertenencia por parte de éstas hacía el mismo; es necesario fortalecer la institucionalidad de las entidades del Estado como las CAR o los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura y Desarrollo Rural, para crear las condiciones que permitan la continuación y autosostenibilidad de los proyectos que se llevan a cabo y así conseguir el éxito esperado.

Por otro lado, Darío Fajardo, advierte que estas políticas deben comprender los intereses de todas las partes implicadas en el manejo forestal del país, para lo cual es necesario establecer una ordenación forestal de sus áreas boscosas a fin de fijar el tipo de uso o actividad de los suelos. En este sentido, Fajardo explica que si bien la promoción de proyectos agroforestales sirve como mecanismo para contrarrestar los problemas ya mencionados, los monocultivos como los de Palma africana pueden traer consecuencias ambientales negativas, como la desertificación de áreas que, por sus características ecológicas, están destinadas para otros cultivos.

A su vez, la efectividad de las iniciativas de MFS depende de una ley general de ordenamiento territorial nacional que defina la tenencia o propiedad sobre las tierras en que se desarrollan estos proyectos, ya que según Sandro Calvani, Representante de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas – UNODC (remitirse a Fuentes), el fenómeno de la concentración de la propiedad, especialmente en áreas rurales, está en manos de agentes como el narcotráfico, dueños de cerca de 4.4 millones de hectáreas; mientras que muchas de las familias campesinas no poseen tierras propias.

De hecho, se estima que tan sólo el programa de Familias Guardabosques, el 36% de las familias son propietarias con títulos de sus tierras, el 25% son dueñas sin títulos y el 42% restante habitan en terrenos ajenos.

De ahí que éstas necesidades deben ser prioridad en la reglamentación de la Ley General Forestal, la cual se está elaborando actualmente, ya que como afirma Calvani, el “desarrollo sostenible se constituye como una estrategia social y económica fundamental para prevenir y contrarrestar los efectos devastadores que tienen los cultivos ilícitos sobre las comunidades rurales”; una estrategia que no sólo debe fundamentarse en procesos regionales productivos y sostenibles, sino en la posibilidad de darle a las poblaciones más afectadas, garantías reales que superen acciones aisladas, puntuales y temporales y así “favorecer la construcción de capital humano y social” como medio para responder a los problemas del país.

Citas:

• Para conocer más sobre desarrollo sostenible, remitirse a M&M ediciones: 52 (jun-ago/06), 50 (dic-feb/05), 46 (dic/04-feb/05) y 33 (sep-nov/01).
• En otras actividades económicas: El país cuenta con cerca de 40 millones de ha. en pastos cuando la superficie con esta vocación es sólo de 19 millones de ha., adicionalmente existen cerca de 24 millones de cabezas de ganado, que representan una carga menor a una cabeza por ha. frente a las dos que ofrecen los países con una ganadería relativamente racional.
• No obstante, los altos ingresos percibidos por la comercialización de la droga, estimados en US$322 billones de los cuales US$71 billones están representados en la comercialización de cocaína, mercado del cual Colombia es su mayor productor con un 50 por ciento del total; las familias campesinas que cultivan la coca son las menos favorecidas en la cadena de precios. El control total de los narcotraficantes sobre los precios de la materia prima, procesamiento y comercialización de la droga, explican este hecho.
• Apoyado por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y otros acuerdos internacionales en materia ambiental como la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU o el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro.
• Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el término de desarrollo sostenible aplicado al control de los cultivos ilícitos “es el proceso para prevenir y eliminar éstos, a través de medidas de desarrollo rural específicamente diseñadas para ello, en el contexto de crecimiento económico sostenido en países que realizan acciones en contra de actividades ilícitas, reconociendo las características socioculturales particulares de cada comunidad, dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas ilícitas”.
• Es la educación de los grupos étnicos cuyo proceso de formación y socialización se realiza teniendo en cuenta las características culturales, sociopolíticas, económicas y lingüísticas propias. Revista Iberoamericana de Educación. Número 13

 Fuentes:

• Dario Fajardo Montaña. Oficial de Programas Representación FAO en Colombia. Correo electrónico: dario_fajardo_fao@cable.net.co.
• Gabriel Escobar. Oficial Ambiental de la Misión de USAID en Colombia. Correo electrónico: gescobar@usaid.gov.
• Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe de junio de 2006.
• Conflicto, Violencia y Actividad Criminal en Colombia: Un Análisis Espacial. Fabio Sánchez, Ana María Díaz y Michel Formisano. Documento CEDES, Universidad de Los Andes.
• fao.org: Documento: Desarrollo sostenible de los bosques. J.S. Maini. Subsecretario Adjunto para el Medio Ambiente Forestal de Forestry Canadá, Ottawa.
• sandrocalvani.com. Documento: ¿Debería Colombia solamente reducir aún más sus cultivos ilícitos o también a la vez, debería reducir el número de productores de cocaína, esclavos de los grupos de cocaína, esclavos de los grupos armados?
• cultivosilicitoscolombia.gov.co: Documentos: 1. El fenómeno de los cultivos ilícitos en Colombia. Ministerio de Interior y de Justicia. Dirección Nacional de Estupefacientes. Informe de abril de 2005. 2. Los cultivos ilícitos en Colombia.
• seguridadydemocracia.org: Prólogo del informe de la Fundación Seguridad y Democracia.
• colombiainternacional.org: Documento: Departamento de Estado de E.U. reconoce que cultivos ilícitos en Colombia no ceden. EL TIEMPO, marzo 1 de 2006.
• red.gov.co