La falta de detalles sobre la tala ilegal de madera y el registro del recurso disponible, tienen en aprietos a 19 directores y exdirectores de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país, entre ellas las tres del Eje Cafetero, por lo que la Procuraduría abrió una investigación por estos hechos.

En el caso de Risaralda, esta investigación se da en medio de la elección para el cargo de director. Martha Mónica Restrepo, directora encargada de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), y el ex director de esa entidad, Jairo Leandro Jaramillo, están siendo investigados.

En el caso de Quindío, la lupa está sobre el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Jhon James Fernández, quien estuvo en el cargo desde 2014 hasta junio del año pasado.

En Caldas, el investigado es el actual director de la Corporación Autónoma Regional (Corpocaldas), Juan David Arango.

Esta investigación surgió por las presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal e información sobre los volúmenes de madera en territorio nacional. El ente de control argumenta que, al parecer, los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez, con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente en el país.

El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea (Sunl) y en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entre los años 2018 y el 2019.

El director de Corpocaldas manifestó que tienen todos los salvoconductos registrados y monitoreados. “No tenemos ningún registro perdido, sabemos qué pasó con cada uno y así puede verse reflejado en nuestros archivos y en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Ambiente”, indicó Arango, quien dirige la Corporación desde 2016.

Sobre los porqués de la investigación, precisó que en Corpocaldas se están haciendo las cosas “tal cual las pide” el Ministerio, por lo que revisarán si los reportes a los que hace mención la Procuraduría se deben a fallas presentadas al momento de ingresar los datos al sistema.

En Quindío ‘no pasó la información’

Por su parte, el actual director de la CRQ, José Manuel Cortés, señaló que, a partir de que se empezó a generar la investigación, “le solicité a la oficina de control interno y a la subdirección de control una auditoría con respecto al proceso de emisión del salvoconducto y hemos encontrado que dentro de la CRQ se dio algo porque el Gobierno Nacional cambió la plataforma hace dos años”.

El funcionario señaló que hasta hace dos años la CRQ usaba una plataforma para emitir estos salvoconductos, “que era el sistema de información forestal, pero todas las CAR debimos articularnos con la plataforma Vital, que administra todos estos trámites, y al hacer la revisión de esto encontramos que, al hacer la migración de una plataforma a la otra, al parecer no pasó toda la información como cuando cambiamos de celular.

Además, paralelo a este cambio de plataforma también se hizo cambio de papelería de los salvoconductos, de acuerdo a lo que contó el director. “Encontramos unas cajas con 500 salvoconductos, que la CRQ las tiene en sus instalaciones, pero no las reportó a Ministerio de Ambiente. ya que se iban a utilizar, pero no se usaron”, dijo Cortés.

Leonor Mary Marmolejo, vocera de la Veeduría Ciudadana de la Carder, solicitó al Consejo Directivo de la entidad que se aplace la elección del nuevo director de la corporación. “Al interior de la Carder hemos evidenciado falencias al elegir el director, porque no hay criterios para su elección. Pedimos que sea transparente, que los intereses políticos no hagan parte de la Corporación que debe proteger el medio ambiente”.

Con información de: www.eltiempo.com