A finales del año pasado, en un evento que congregó a expertos nacionales e internacionales para discutir el estado actual del mercado de carbono en Colombia y las proyecciones que hay para el 2019, un mapa llamó la atención de todos.

El presidente de Asocarbono, Mauricio Rodríguez Castro, proyectó en una pantalla gigante la cartografía del país señalando en color gris oscuro los departamentos más azotados por el conflicto armado (entre ellos, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y la superpuso con la ubicación de los proyectos que hoy están andando para la venta de bonos carbono tanto forestales como de otros sectores (energía, residuos, industria y transporte). A simple vista ambos datos coincidían, lo que daría a entender que este mercado está apoyando o podría ayudar a las víctimas de la guerra con transiciones económicas.

Pero luego Rodríguez mostró otro mapa, esta vez cruzando los núcleos de deforestación en Colombia (la mayoría de ellos concentrados en Caquetá, Guaviare y Meta) con la misma ubicación de los proyectos. Aquí los puntos no casaron. Gran parte de ellos no están en los lugares donde la motosierra, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la especulación y acaparamiento de la tierra y la minería ilegal se asientan y avanzan con rapidez, arrasando con el bosque natural. Entonces, ¿por qué estos proyectos no están donde se concentra la principal pérdida?

Para él, la razón es sencilla: En Colombia tiene más valor la tierra que el bosque. “Hay zonas donde el acceso es difícil, donde no puede haber un policía vigilando cada hectárea, pero ahí es donde tenemos que potenciar el valor del carbono como instrumento económico para que estas comunidades protejan el ecosistema y se beneficien de él. En este momento los proyectos no están en las áreas más deforestadas de Colombia”, sentencia Rodríguez.

Mike Korchinsky, del Programa Páramos y Bosques de USAID, considera que la presencia de actores criminales y las actividades ilícitas en estas zonas son factores que condicionan las decisiones de los inversionistas. “Todo inversionista evaluará la oportunidad versus el riesgo, la estabilidad de un gobierno y las reglas de juego que más le beneficien. Cuando un país ha atravesado por un conflicto armado, las principales víctimas deben ser parte de la solución desde el territorio, siempre y cuando ocurran dos cosas: estén dispuestas a reducir las presiones sobre el bosque y, especialmente, puedan hacerlo ¿Si invertimos en estos lugares ellos lograrán defender el ecosistema de narcotraficantes, grupos armados y demás poderosos?”, pregunta. ¿El carbono podría ‘competir’ con los mercados de la ilegalidad?, se cuestionan otros.

Un mercado nuevo

La historia de este mecanismo empezó hace unos tres años, cuando el expresidente Juan Manuel Santos, en la Cumbre de Cambio Climático (COP21) en París, se comprometió a reducir el 20 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera hacia 2030. Para ello, el país prometió aumentar la extensión de las áreas protegidas, reducir la deforestación, delimitar y proteger los 36 complejos de páramo, cuidar las principales cuencas, y realizar planes de mitigación y adaptación al cambio climático para los municipios más vulnerables.

Uno de los instrumentos económicos creados para cumplir con esas metas es el impuesto nacional al carbono, una medida que obliga a las empresas a pagar unos 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera durante sus operaciones, más exactamente por contaminar el ambiente con los gases provenientes de la combustión de gasolina, ACPM, kerosene, jet fuel, fuel oil y gas natural. Sin embargo, con el Decreto 926, las empresas (o personas naturales) también pueden hacer efectiva la no causación del impuesto a través de la compra de bonos de carbono (literalmente es un certificado), directamente a las comunidades locales que, para el caso del sector forestal, mantienen el bosque en pie.

En palabras menos técnicas significa que los actores cuyas actividades generan estos GEI, principales causantes del calentamiento global, pueden compensar esos efectos negativos –algo así como que ‘el que contamina paga’– adquiriendo créditos que obviamente les saldrán más baratos que pagar el impuesto.

Se calcula que se necesitan aproximadamente 55 millones de certificados para cubrir la neutralización del impuesto nacional al carbono, “el problema es que solo hay previsto vender 9 millones porque no hay suficientes proyectos en el mercado para suplir la demanda”. Ocampo prevé que más de 100 proyectos puedan estar en operación este año, aunque no generan los suficientes bonos, “o porque son muy nuevos o porque los que ya estaban vendieron los certificados que tenían disponibles”.

De esos 100 proyectos identificados la mayor tajada está en el sector forestal (con el 33%), seguido de residuos (24%), energía (22%), industria (14%) y transporte (6%).

Con información de: www.eltiempo.com