Miguel Rodríguez – Ingeniero Forestal

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Pasadas la euforia o la tristeza, el triunfalismo o la frustración , sentimientos que tras la declaratoria de inexequibilidad de la Ley General Forestal embargaron en algún momento a quienes durante largos años debatieron, propusieron, discutieron, analizaron, estudiaron textos, propuestas, artículos, parágrafos y acápites de la ley, planteamos de nuevo la necesidad, no la necedad, de conseguir un régimen que adecué la situación de los bosques, con las necesidades de una sociedad que en su evolución y desarrollo aún  demanda bienes y servicios provenientes de las tierras y las reservas forestales, los bosques y las plantaciones.

Aprendimos quienes veíamos los bosques y la sociedad desde la óptica de la ciencia y la técnica que el desarrollo y promulgación de una ley, en este caso  la general forestal, constituye un proceso que escasamente responde al conocimiento e incluso a la realidad  y si a las necesidades y condiciones de la política y los políticos en el ejercicio de organizar la sociedad bajo los principios de la democracia, con todo aquello que esto implica y lo que realmente representa. Cara lección para una nueva oportunidad si es que esta se presenta.

Tres realidades hicieron y aún hacen necesaria la  promulgación de una ley sobre los recursos forestales, que no el fracaso de los reglamentos que hasta ahora han regido. Requiérese un nuevo régimen en razón a que los recursos forestales que demanda el desarrollo de la sociedad son y serán cada vez más escasos y por  tanto más costosos. Es deseable un nuevo ordenamiento que asegure el acceso democrático y equitativo a los bienes y servicios que generan los bosques y finalmente es conveniente una moderna legislación sobre tierras, reservas, bosques, industrias e investigación forestal que permitan que los recursos renovables sean la base del desarrollo de la sociedad cuando ya no lo sean los no renovables, en un territorio tropical donde la producción de cultivos de corta rotación o la ganadería extensiva no parecen alternativas económica y socialmente sostenibles.

Al menos dos demandas se instauraron sobre la ley general forestal; la primera denunciaba la ausencia de un proceso de consulta previa con las comunidades afrocolombianas mientras que la segunda arguyó el retroceso que la ley representaba con respecto a los logros legislativos con respecto a los recursos naturales y el ambiente.  Sobre estos últimos, aún nos preguntamos si el deterioro que en la realidad afecta ecosistemas, biomas, comunidades, a la  biodiversidad y en general el medio ambiente aún no es suficiente para considerar que una de las mas avanzadas legislaciones sobre recursos naturales, como se ha ponderado a la Colombiana,  en la practica ha fracasado en alcanzar sus objetivos e ideales, tal ves por que en si misma no solo es impractible sino que tampoco interpreta la relación del hombre con su entorno?

Sobre la primera, aún no hemos encontrado respuesta a la aparente contradicción que se genera entre el principio de la democracia participativa, adoptado con la constitución de 1991, tras la cual las comunidades afrocolombianas cuentan con una circunscripción particular en el legislativo y el mecanismo de la consulta previa, cuando este excede los ámbitos  en que las comunidades demandan su aplicación. Y resultan contradictorias por el hecho que la consulta previa, tal como se arguye era necesario en el trámite de la ley, riñe con la naturaleza y el papel que se esperaría cumplen sus representantes en el congreso; representan estos o no a las comunidades o  en la práctica,  tal ves son solo una instancia, necesaria, pero no suficiente?

No sobra acotar nuevamente que si algo expresaba categóricamente la fallida Ley General Forestal era el  reconocimiento en sus principios y desarrollo de los derechos comunales que sobre los territorios y recursos de estas mismas generó nuestro actual ordenamiento constitucional.

Tienen nuestra sociedad y sus representantes el reto de generar un nuevo ordenamiento jurídico sobre los bosques, ante lo cual insistiremos en varios aspectos que caracterizaron los procesos que se han desarrollado en los últimos diez años, que no menos tuvo el proceso de construcción de la ley, pues no solo no se pudieron poner en practica sino que tampoco se logró demostrar su ineficacia.  Las leyes y reglamentos que hasta ahora han regido el acceso a y el uso de los recursos forestales se han desarrollado dentro de los clásicos esquemas de comando y control, que se tratan de ejercer en áreas donde difícilmente están presentes las autoridades. Al mismo tiempo, estas han tenido la obligación de ordenar el territorio y sus recursos forestales, sin éxito a causa de la ausencia de recursos para invertir en dichas obligaciones, sin prioridad desde el punto de vista político y con una cuestionable relación costo beneficio, al menos en el corto plazo.  Es ante este panorama que una legislación que promueva el desarrollo del sector fue y sigue siendo el  novedoso planteamiento con que se puede encabezar una mas práctica y efectiva ley forestal.

Complementario y necesario para que la ley  forestal tenga alguna probabilidad de éxito es el reconocimiento de uno de los principios que mayor resultado ha tenido en la conservación de los recursos naturales; este parte del hecho que las modernas sociedades humanas solamente conservan lo que tiene valor para ellas y dentro de las diferentes escalas y categorías de valor, principalmente aquellas que les representan valores tangibles.  La tragedia de los bosques, su desaparición a causa del cambio de uso de las tierras seguirá siendo una constante en la medida en que el sistema económico y productivo permita que otras formas de uso de la tierra generen mayores valores que los que producen los bosques y las tierras forestales que debieran ocupar.

No será la ley forestal  un incógnito arcano  para los legisladores, los políticos, los académicos y la sociedad colombiana en general, como pudiera concluirse de lo acontecido hasta ahora, si se acepta que el manejo forestal sostenible es una posibilidad y no una utopía que permite conseguir de los bosques todo lo que el desarrollo social demanda de ellos y de los hombres todo lo que los bosques requieren de aquellos; son los hechos, más que cualquier teoría, la demostración de la factibilidad de alcanzar a través del manejo sostenible los mas deseables objetivos para las bosques; de hecho ya algo más de 275.000.000 de hectáreas de bosques en el mundo, proveen de bienes y servicios forestales al mercado, bajo los principios y criterios de lo que para la sociedad representa un adecuado manejo forestal .  Que otra solución podría nuestra imaginación y la inteligencia de tantos Colombianos concebir para solucionar la problemática de los bosques, que no pase por el manejo forestal sostenible? Es entonces acerca de la promoción de este lo que una nueva ley forestal proponga a la presente generación.