José Miguel Orozco.*

* Tomada del diario El Tiempo, mayo 28 de 2007. Autorización expresa del columnista para su reproducción.

Se rajan el Gobierno y el ambientalismo ultrarradical.

 Tras cumplirse un año de la promulgación de la controvertida Ley General Forestal (LGF), el balance de su aplicación arroja un indiscutible y preocupante saldo negativo. En lo que atañe al cumplimiento de las disposiciones de la LGF, el Gobierno Nacional se raja sin atenuantes.

Desde luego, no puede pretenderse que simplemente con una ley se solucionen como por arte de magia todos los graves problemas que por la influencia de múltiples factores, entre ellos el conflicto, afectan la conservación y el manejo de los bosques en Colombia. Pero sí era de esperarse que con la entrada en vigencia del nuevo instrumento normativo, se empezaran a generar prontamente, dentro de los términos establecidos por la misma Ley, señales claras y cambios sustantivos en aspectos cruciales como los de orden institucional, de planificación, de aplicación inicial de instrumentos modernos de manejo sostenible de los bosques, de disminución en el tráfico ilegal de maderas, etc.

Lamentablemente, nada de eso se ha cumplido: el Consejo Nacional Forestal, máxima instancia de coordinación y concertación de la política forestal nacional entre el sector público y el privado, ni siquiera ha sido convocado, en clara muestra de desconcertante negligencia administrativa; no han sido aún establecidas las dependencias especiales forestales en los ministerios de Ambiente y Agricultura, las Corporaciones Autónomas Regionales y otras entidades, pese a que la LGF ordena hacerlo dentro del plazo del año que ya transcurrió; el Plan Nacional de Desarrollo Forestal anda en el limbo; no hay ningún avance en la definición del Plan Nacional de Investigación Forestal; los 33 Planes Generales de Ordenación Forestal que deben hacerse en todo el país, esperan el milagro de su financiación en el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo; la reglamentación de la LGF avanza a paso de tortuga y algunas de sus propuestas iniciales parecen querer hacerla nugatoria; entre tanto, los camiones que transportan madera ilegal continúan paseándose por las carreteras nacionales como Pedro por su casa. En fin. El amplio catálogo de incumplimientos de lo ordenado por la LGF, a tan solo un año de su aprobación, dice mal acerca de la verdadera voluntad política del Gobierno en relación con el desarrollo forestal sostenible.

Pero no solo reprueba el Gobierno. También se raja el ambientalismo ultrarradical y fundamentalista que persiste en no desperdiciar oportunidad de despotricar de la LGF y de calificarla como un instrumento infernal para la destrucción del bosque, sin citar jamás una sola disposición del texto legal para darle algún mínimo sustento de validez y de seriedad a sus reiterados señalamientos.

Ahora hasta la condenable expansión de cultivos de palma en algunas zonas del Pacífico basada en el desplazamiento de comunidades por grupos armados ilegales y que de paso arrasa con la selva, se atribuye a la LGF, cuando esta, muy por el contrario, establece claramente la prohibición de eliminar el bosque con fines agropecuarios.

La tarea de descrédito a rajatabla de la LGF se ha visto facilitada y en ocasiones apoyada por la increíble actuación de funcionarios de Gobierno de alta y mediana jerarquía quienes, públicamente, han dado penosas demostraciones de su inexcusable desconocimiento de la norma o no han tenido reato alguno en expresar su frontal repudio a la misma.

Por fortuna, serias y prestigiosas entidades ambientalistas, que sí promueven proyectos reales en el campo para el manejo de bosques con comunidades, han venido reconociendo la importancia de la LGF, por ejemplo en aspectos tan claves como los criterios e indicadores de sostenibilidad y la certificación forestal, sin que ello implique que desconozcan sus vacíos y limitaciones, que, por cierto, los tiene.

El Gobierno queda en deuda. Reprobado el primer año, solo le queda «repetirlo». Y el nuevo año, ya empezó.