Aciertos, desaciertos, problemas y retos de la actual política forestal

Redacción M&M

El cuatrienio que termina ha sido un período de transición en materia forestal. Aunque la política para el sector maderero del último Gobierno muestra algunos avances, aún quedan muchas tareas pendientes, pues la meta, de acuerdo al Plan de Acción Forestal, es convertir esta industria en un polo de desarrollo para el país.

Al acercarse el final del actual Gobierno, el próximo siete de agosto, es necesario revisar el cumplimiento de las metas forestales y el apoyo que ha tenido el sector maderero por parte de la administración de Juan Manuel Santos.

Al respecto, la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) explica que no se puede afirmar que el Gobierno se rajó en todas las áreas de reforestación y en la gestión industrial, pero tampoco que todos los aspectos de la política presidencial fueron positivos y que los objetivos se cumplieron a cabalidad.

Es cierto que, como ningún otro, este Gobierno se destacó por su voluntad de trabajo e interés para apoyar la plantación de bosques comerciales, área en la que hay avances que resaltar. No obstante, pese a las buenas intenciones, hay temas sobre los cuales no hay ningún adelanto, e incluso hoy existe mayor deterioro.

También es cierto que nunca antes el Ejecutivo había asignado recursos para el sector forestal como en los últimos cuatro años; sin embargo, un mayor presupuesto no significa una mejor gestión, pues, en este cuatrienio quedó en evidencia que algunas instituciones no estaban preparadas para gestionar tales dineros.

Foto: www.presidencia.gov.co / En el 2011 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adoptó el Plan de Acción para la Reforestación Comercial, con la dirección del exministro Juan Camilo Restrepo

En fin, lejos de ser un completo balance, el siguiente artículo busca, de manera objetiva e imparcial, analizar los aciertos y desaciertos del Gobierno en materia forestal y de las políticas para la industria maderera; y, a partir de este ejercicio, poner en perspectiva los desafíos del sector para los siguientes cuatro años.

Antes de iniciar la evaluación, es importante aclarar que, en lo concerniente a la política forestal, las metas del Gobierno estaban contenidas en el Plan de Acción para la Reforestación Comercial publicado en 2011. Un documento que fue el resultado de años de trabajo de la Federación y que contó con la asesoría de expertos internacionales; además, fue concertado con las comunidades, la academia y el Estado. Dichos acuerdos fueron adoptados desde el comienzo por el gobierno de Juan Manuel Santos y plasmados en su Plan de Desarrollo.

El objetivo general del plan era impulsar la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario; además, promover la competitividad de los productos forestales y contribuir con la disminución de los efectos adversos del cambio climático. A su vez, este documento incluía dos objetivos específicos: ampliar la base forestal nacional y fortalecer la institucionalidad en el sector.

Originalmente, la propuesta estaba centrada en siete metas pilares y tres elementos transversales de carácter macroeconómico, que buscaban proteger la inversión y la producción industrial. El principal punto del Plan de Acción era la Ley 1377 de 2010, la cual establecía un marco legal para el sector; sin embargo, dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 19 de septiembre de 2011 y, por esto, finalmente sólo quedaron seis metas, las cuales se evalúan a continuación.

Las metas forestales

  • 000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales establecidas al año 2014: Es claro que la meta de alcanzar 600.000 hectáreas de bosques comerciales, al final de este año, no se logrará. A seis meses de terminar el 2014, según las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el país cuenta con 477.575 has, en 2010 esta cifra ascendía a 376.333 has.

A pesar del incumplimiento de la cifra presupuestada, en las cuentas del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), en los últimos cuatro años, se han plantado aproximadamente 100.942 has, esta cifra incluye cultivos de caucho y guadua. Hoy el sector forestal participa con el 10,3% del total del suelo agrícola del país.

Según Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas, el incumplimiento de esta meta es consecuencia de tres factores básicamente:

  1. a) La reforestación nacional no logró los resultados esperados por causa de la incertidumbre jurídica que se cierne sobre la propiedad rural y las restricciones a la adquisición de tierras en zonas de adjudicación de baldíos de la nación, con base en la Ley 160 de 1994 y las disposiciones sobre la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Ospitia menciona que las diversas interpretaciones sobre la aplicación en el tiempo de las disposiciones de la Ley 160/94; por ejemplo, de la Superintendencia de Notariado y Registro, referentes a la prohibición de adquirir tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos, en tamaños superiores a los establecidos a nivel regional, han paralizado las inversiones en proyectos agroindustriales en zonas de ampliación de la frontera agrícola como la Altillanura.

“De hecho, algunos pretenden que la prohibición cubra también los baldíos adjudicados con anterioridad a 1994, como una especie de ‘retroactividad’, que pondría en entredicho prácticamente todos los predios baldíos que alguna vez fueron adjudicados por el Estado”, concluyó la dirigente gremial.

Temas como estos, no sólo en el área forestal, sino en todo el sector agrícola, han generado una serie de ruidos y escándalos políticos que terminaron por desestimular la plantación de nuevas hectáreas.

A su vez, la incertidumbre jurídica se agudiza si se tiene en cuenta que, entre 2012 y 2013, en el Congreso de la República, algunos sectores políticos presentaron, a través de sus senadores, proyectos de ley con el fin de restringir la inversión extranjera para la compra de tierras en Colombia.

El primer proyecto fue presentado por el Polo Democrático Alternativo; el segundo por el Partido Conservador; y el tercero por el senador Juan Lozano, del Partido de la U. Este último pretendía regular la propiedad y explotación de las tierras agrícolas por parte de inversionistas extranjeros, con un efecto negativo para aquellos reforestadores internacionales que buscan zonas aptas para sus proyectos.

  1. b) Algunos reforestadores decidieron no tramitar el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) a causa de los problemas logísticos y el caos administrativo, resultado del traslado de la operación de este instrumento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) al MADR.

Esto no quiere decir que el antiguo sistema fuera mejor, ya que el caos en las CAR era quizás mucho peor; simplemente, la entrada masiva de nuevos recursos y la poca capacidad operativa del MADR fomentaron el represamiento de los contratos.

Foto: www.minagricultura.gov.co / Tras el fallo la declaración de inexequibilidad de dos artículos del Plan de Desarrollo, que permitían la unión de varias UAF para grandes montajes agroindustriales, los reforestadores tienen detenidos sus proyectos o han decido cerrarlos definitivamente

Una vez realizado el cambio. Al finalizar el 2012, la administración del CIF fue entregada a Finagro, con lo cual los tiempos de trámite mejoraron y, hoy en día, en promedio, los contratos se adjudican en un plazo de tres meses, a partir de la entrega del concepto técnico.

 En la Comisión Tercera del Senado de la Republica, pendiente de ponencia para el segundo debate, cursa un proyecto de Ley que busca la reactivación del sector agropecuario. Entre sus artículos, hay dos que benefician la industria forestal y buscan convertir el contrato CIF en un acto administrativo, similar al incentivo otorgado a los exportadores vía Plan Vallejo, lo cual agilizaría el trámite y reduciría el costo de la transacción.

La lección fue: el CIF es un instrumento muy importante y necesario para el crecimiento del sector, por lo cual fue acertado entregar su manejo a Finagro, ya que este organismo ha facilitado el procedimiento y agilizado el tiempo y los requisitos para su adjudicación. Por supuesto, se pueden mejorar y optimizar más los trámites, pero sólo si el CIF lo ejecuta una entidad con la capacidad de hacerlo. Los ministerios no están diseñados para ejecutar incentivos o subsidios directamente.

  1. c) La falta de claridad sobre el futuro de la reforestación en Colombia y la ausencia de infraestructura adecuada para trasladar la materia prima, desde los bosques a los puertos, han generado dudas en los reforestadores para realizar las inversiones necesarias y alcanzar las 600.000 has este año.

Alejandra Ospitia explica que, para solucionar este problema, no sólo es importante cumplir las metas de infraestructura, también es necesario fortalecer los núcleos forestales identificados en Colombia, apalancar los proyectos en estas zonas y sembrar especies y áreas mínimas adecuadas para cada región.

  • Dirección Forestal en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en operación: Aunque, mediante la resolución 00082 del 27 de febrero de 2012, el MADR creó, en el papel, la “Unidad Coordinadora del Programa Nacional de Reforestación Comercial”, con el objetivo general de liderar la política de reforestación comercial a nivel nacional; en la práctica, aún no existe dicho departamento.

La falta de un equipo en el ministerio, que cumpla con las funciones de la Unidad, retrasó las otras cinco metas, ya que no hay un departamento con capacidad gerencial para liderar el Plan de Acción. Por ejemplo, la ausencia de la Unidad no permitió ajustar los procesos y los criterios de evaluación de los antiguos contratos del CIF, que el Ministerio de Agricultura manejará hasta el 2017.

Cabe resaltar que el acto administrativo quedó expedido y todo está dado para aprovecharlo de la mejor manera, siempre y cuando exista mayor voluntad administrativa.

  • Creación y puesta en marcha de la Ventanilla Única Forestal en cabeza del MADR: Aunque, la página de la Ventanilla Única Forestal (VUF – vuf.minagricultura.gov.co) existe y está activa, aún se encuentra en proceso de implementación y desarrollo.

Actualmente, la ventanilla le permite al reforestador consultar la fecha de visita propuesta por el líder seccional del ICA; además, realizar los trámites iniciales, antes de la visita técnica, del registro de las plantaciones, así como conocer el estado de las solicitudes de CIF que el reforestador ha hecho, y aquellos contratos que fueron aprobados por el Ministerio de Agricultura entre el 2004 y el 2011. También es posible tramitar la solicitud de Declaración de Empresa Especializada Forestal.

Así mismo, la página posee un banco documental en el que el usuario puede encontrar las estadísticas, noticias, investigaciones y normas más recientes.

Sin embargo, aún le falta ofrecer cerca del 50% de la información y los trámites solicitados por el sector. La ventanilla debe ser una fuente unificada y veraz de información pública sectorial. Por ejemplo, de las hectáreas plantadas reales y clasificadas por especie, región y edad, (países como Chile y Brasil cuentan con esa información y es de carácter público).

Aún falta información precisa sobre los trámites de importación y exportación que maneja Proexport; datos de los trámites para la construcción de vías en las plantaciones; el registro de viveros; los permisos para la explotación de minerales para vías, y falta un mapa de los núcleos existentes y otro sobre la infraestructura que hay en cada zona forestal del país. Para esto último, habrá que esperar que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) termine la zonificación.

Foto: vuf.minagricultura.gov.co

Tampoco existe una biblioteca gratuita y pública (para los usuarios registrados) que publique los resultados de las investigaciones; por ejemplo, la información sobre los estudios forestales realizados, entre 2008 y 2010, con el presupuesto público de los fondos concursales.

La ventanilla forestal debería ser un gran portal que incluya todos los trámites tal como es la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

  • Fortalecimiento del ICA para ejecutar en forma eficiente, eficaz y oportuna las funciones que en materia forestal le asignan las normas: Según el gremio maderero, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha mostrado buenos avances en este cuatrienio y hoy se encuentra fortalecido, pues el Gobierno contrató un equipo profesional para el tema forestal, no obstante los funcionarios son contratistas y no se encuentran en la nómina de la entidad.

Para Alejandra Ospitia, la cadena mederera merece tener un equipo de planta en el ICA, con disponibilidad para realizar trámites en fechas difíciles, y agilizar procesos como el registro de viveros y la construcción de los requisitos para la importación de semillas.

Así mismo, es importante dotar al ICA con equipos, tecnología e instrumentos adecuados para su labor, capacitar los profesionales que actualmente están encargados del tema forestal y permitirles el acceso a becas y doctorados en el exterior, especialmente en temas fitosanitarios, un aspecto urgente en el país.

  • Entidad de investigación, fomento y transferencia de tecnología forestal en funcionamiento: Tradicionalmente, el rol investigador, desarrollo y fomento tecnológico, lo ha ejercido la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), una organización civil con restricciones e información de carácter privado.

Actualmente, el MADR designó a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) como la entidad que se encargará de la investigación y fomento forestal; no obstante, aún no inicia la ejecución de la actual agenda de investigación, en la cual también contribuyó el sector privado. A esto se suma que la entidad aún no tiene asignación presupuestal para desarrollar su labor en temas forestales.

  • Creación y consolidación de un Consejo Nacional de la Cadena Forestal: El Consejo fue creado a partir de la Ley 811 de 2003, y reglamentado con el Decreto 3800 de 2006 y la resolución 186 de 2008, según la Federación hasta mediados del 2012 funcionó muy bien, dentro de sus logros se destacan: la actualización en 2011 del Acuerdo Sectorial de Competitividad, suscrito en 1998 inicialmente, junto a los cuatro acuerdos regionales en Antioquia, Bajo Magdalena, Córdoba y Orinoquia.

A partir del 2013 el Consejo dedicó sus esfuerzos a temas que no le correspondían, o que no eran necesarios tratar, y omitió abordar aspectos urgentes como la normatividad para garantizar la estabilidad jurídica y buscar soluciones para aclarar el problema de las tierras en Colombia.

Actualmente, tanto la Federación de Madereros como la Federación Nacional de Cafeteros, ambas miembros del Consejo, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), son conscientes de la necesidad de replantear este ente y reorganizarlo.

 Durante la administración Santos fue eliminada la excepción del impuesto al patrimonio para el sector forestal y además fue gravado con el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), lo que significa mayor carga impositiva la esta industria.

Las metas transversales

  • Seguridad jurídica: Actualmente, el sector productivo le exige al Gobierno mayor claridad sobre la titularidad y tenencia de la tierra, así como la unificación de criterios en todos los estamentos del Estado en esta materia. Así mismo, es necesario resolver la dificultad que genera la regulación contradictoria y los procedimientos confusos.
  • Inversión en infraestructura de transporte adecuada: El país se encuentra a la expectativa de que las nuevas concesiones viales de cuarta generación (4G) estén blindadas contra los líos legales y las peleas jurídicas del pasado.
  • Foto: awsassets.panda.org

    Adopción de medidas estructurales para controlar la revaluación: La revaluación del peso frente al dólar se ha convertido en una prioridad para el Gobierno y por ello se han realizado sendos esfuerzos para controlarla. Entre otros, el Banco de la República ha salido a comprar más de US$2.000 millones para reducir la oferta de la divisa y mantiene controlada la tasa interbancaria.

La gestión industrial

Aunque, al inicio del Gobierno, Fedemaderas le presentó una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no se logró construir una agenda sectorial conjunta para impulsar la industria, por ello hoy no existe un listado de metas o políticas específicas sobre las cuáles sustentar el análisis de las acciones de la administración Santos en esta materia. En este caso, lo mejor es analizar, bajo la realidad actual de la industria, la gestión del Gobierno.

Realmente, el apoyo del Gobierno a la industria del mueble y transformación de productos de madera no se puede calificar como positivo. La actual situación de las empresas fabricantes de productos de madera refleja la ausencia de políticas para el impulso de esta industria.

Para analizar este tema, a finales del 2013, el gremio estableció una acción conjunta con la Dirección de Competitividad del Ministerio de Industria y, gracias a algunos talleres, en los que participaron los empresarios de transformación y producto, se identificó que el problema más importante del sector es la perdida de participación en el mercado, ocasionada por los bajos niveles de competitividad de las empresas.

A su vez, se logró establecer que este problema ha generado una serie de graves consecuencias para la industria, tales como el aumento de la informalidad; la reducción en la participación del segmento MiPyme, en la composición de la industria maderera; la reducción de las ventas internas y las exportaciones, y la reducción del empleo de calidad.

Debido a ello, según datos de Pizano S.A, en los últimos tres años, mientras que en América Latina el consumo per cápita sectorial creció 2,6%, en Colombia disminuyó 3,5%.

En materia de muebles, el país no ha logrado recuperar las ventas al exterior anteriores al 2009, hoy este mercado es mayoritariamente importador pues, por primera vez en ocho años, la balanza comercial de las cinco partidas arancelarias más importantes de muebles de madera, pasó de ser positiva a deficitaria entre 2012 y 2013.

 Recientemente el MinComercio impuso derechos antidumping, por tres años, a las importaciones de tableros de madera importados desde China. Así, éstos deberán pagar un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$594 por m3 y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este sea menor al precio base.

Propuesta para el cuatrienio 2014-2018

Al cierre de esta edición la disputa, en segunda vuelta, por la presidencia de la República, período 2014-2018, estaba entre el presidente-candidato, Juan Manuel Santos y el exministro de hacienda Óscar Iván Zuluaga. Precisamente, durante la semana de circulación de la Revista M&M, ya se conocerá quién dirigirá el rumbo del país durante el próximo cuatrienio.

En este sentido, desde comienzos de abril, Fedemaderas se reunió con las campañas de ambos candidatos para presentarles una propuesta de política pública que recoge los intereses y las preocupaciones de los empresarios de toda la cadena productiva. Según Alejandra Ospitia, las dos campañas se mostraron muy receptivas e interesadas en dicha propuesta.

Al respecto, Miguel Rodríguez, presidente de la junta directiva del gremio, indicó que la propuesta busca establecer un rumbo claro para el sector. “No podemos caer en el problema de sembrar por sembrar, pues esto debe hacerse con propósitos claros, como tener un sector forestal que sea atractivo para la industria de la transformación de la madera, papel, fibras, energía, muebles, para los mismos consumidores, e incluso, para la opinión pública”, aseguró el dirigente.

La propuesta gremial está sustentada en un objetivo general y dos específicos:

  • Objetivo general: Ejecutar dentro de un programa concertado y organizado tres líneas estratégicas de acción encaminadas a recuperar los mercados para las empresas establecidas en Colombia de transformación y muebles y productos de madera, a partir del incremento de su competitividad.
  • Objetivo específico uno: Promover el incremento del uso y del consumo de madera legal en Colombia, a partir de información, capacitación al consumidor y de compromisos y acciones directas de las empresas y las autoridades sectoriales.
  • Objetivo específico dos: Dotar al sector con instrumentos directos de información, transferencia de tecnología, asociación y talento humano calificado, que se asemejen siquiera a los de países vecinos como Perú, Brasil, Chile y le permitan competir en el mercado actual.

Con esta propuesta el gremio busca, incrementar el uso y consumo de madera legal y materias primas semielaboradas legales, nacionales e importadas en 10% sobre el nivel actual, y realizar un estudio de prefactibilidad cofinanciado y ejecutado por expertos en 2016, para establecer la necesidad y posibilidades de un esquema público-privado de transferencia tecnológica sectorial.

En síntesis, tanto en el tema forestal, como en la política de apoyo para la industria transformadora de productos de madera hay avances; pero, si se compara la realidad forestal e industrial del país, con naciones vecinas como Chile, Brasil, e incluso, Ecuador, es claro que aún falta mucho camino por recorrer. El sector no sólo requiere disponer de mayores recursos de apalancamiento, sino también de más flexibilización y agilización para la entrega de este apoyo.

Es prioritario establecer un marco jurídico claro y sin confusiones, ampliar la información de la industria, adelantar esfuerzos contundentes en materia de formación y capacitación del recurso humano, así como involucrar y socializar la política forestal con las comunidades étnicas.

Es fundamental mejorar la articulación entre los actores de la cadena con el fin de trabajar en equipo y alcanzar objetivos comunes. Además, las acciones venideras deberían corresponder a la realidad del país en un mercado globalizado y altamente competitivo, e incluso, en medio de un posible panorama de postconflicto.

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