Alexandra Colorado Castro

Revista M&M

“En el centro del mundo, con la capacidad de comerciar productos a un costo relativamente bajo y competitivo; con una demanda enorme de madera –fiel a la tendencia de los países desarrollados– que la hace interesante como negocio; y con condiciones climáticas privilegiadas que llevan a que desde lo económico, los proyectos generen más madera en menos espacio y en menor tiempo que en cualquier otro lugar de la Tierra; Colombia tiene facultades comparativas enormes”.

Así describe Rodrigo Enríquez, subgerente de Agrícola de la Sierra, las potencialidades de Colombia en el plano forestal, una lista que de lejos resulta más que atractiva para los inversionistas extranjeros y los reforestadores locales; sin embargo, las condiciones actuales de seguridad no parecen favorecer el desarrollo de la actividad y, en cambio, sí amenazan uno de los patrimonios más prometedores y rentables del país.

Dado que el negocio forestal tiene como particularidad su desarrollo en tierras degradadas; económicas en comparación con las destinadas a la ganadería o la siembra de cultivos agrícolas; alejadas de los centros urbanos, por lo que, regularmente, no gozan de un control militar oficial permanente; las reforestadoras han sido y son –desde hace 40 años– unas de las principales víctimas de los distintos grupos al margen de la ley que en ellas actúan.

Actualmente, en zonas como el Cauca, el norte de Antioquia (Angostura), los departamentos de Chocó, Magdalena, Córdoba y en el Sur de Bolívar (Nudo de Paramillo) operan desde las Bacrim, el ELN, las FARC y los paramilitares, hasta los dedicados a la minería ilegal; y en medio de ellos, las empresas reforestadoras adelantan su labor con una alta cuota de inversión económica y social que hoy –como desde hace varios años– ven seriamente amenazada.

Las consecuencias de ese hecho son tan graves como diversas y en suma han provocado un estancamiento notable en el crecimiento del sector comparado con el de otros países del continente. Según la Federación de Industriales de la Madera – Fedemaderas, mientras que Chile, en 1975, contaba con 82.479 ha plantadas y alcanzó las 2.300.000 ha plantadas en 2013; Colombia pasó de tener 175.000 ha plantadas (en 1993) a 458.914 (en 2012)

Un ejemplo identificado en el mapa nacional es la “herradura forestal” que comprende el área de Urabá, varios municipios de Córdoba, el nordeste de antioqueño, parte del oriente antioqueño y el Bajo Cauca, y cuyo estimado de hectáreas aptas para reforestación –de suelos óptimos y ubicadas en el eje de desarrollo vial del país– alcanza los cinco millones, actualmente solo son aprovechadas 20.000 ha por parte de todas las empresas reforestadoras presentes en la región.

A esta zona –y seducidos por el hecho de que este punto geográfico es el que reporta los mayores crecimientos del pino, en el mundo– han llegado compañías de Chile, Suecia, Canadá, Brasil y Estados Unidos con intenciones de adelantar trabajo forestal; sin embargo, las condiciones de orden público no han propiciado el establecimiento de las empresas interesadas y el correcto aprovechamiento de los recursos existentes.

En el balance, al menos un 85 % de las compañías forestales activas en Colombia han vivido durante su historia eventos asociados con alteraciones de orden público en sus zonas de trabajo; un indicador alarmante para la consolidación de una actividad que requiere de estabilidad económica, de un marco social dispuesto y solidario, y de condiciones ambientales óptimas para entregar, como en otros rincones de la tierra, ganancia y progreso notable.

Siembras en zonas de fuego

El pasado 5 de diciembre de 2013, Silvotecnia, compañía nacional que tiene a su cargo el Management integral de MS Timberland –dueña del cien por ciento de la Reforestadora El Guásimo y que adelanta actividades en los departamentos de Antioquia, Tolima y Caldas– vivió una de las jornadas más tristes de su historia cuando el frente 36 de las FARC destruyó la maquinaria utilizada para el establecimiento y aprovechamiento de sus plantaciones forestales en las fincas ‘La Esperanza’ y ‘Dolores’, en Yarumal y Angostura (Antioquia), y retuvo durante más de seis horas a los trabajadores de la compañía.

“A las 12:00 a.m. entraron dos grupos a dos fincas diferentes, presentándose como integrantes del frente 36 de las Farc. Quemaron la maquinaria que encontraron a su paso, una retroexcavadora con la que construimos vías forestales; voltearon y quemaron un equipo forestal especializado de carga maderera, cinco tractores que operaban en las fincas adelantando las actividades de extracción; además de un camión cargado de madera. Fueron horas de gran angustia. A las 6:00 p.m. el grupo armado se dirigió a los trabajadores retenidos para informarles que podían salir, pero les dejaron la advertencia de no retomar operaciones forestales”, relata Natalia Quevedo, Gerente General de Silvotecnia.

La compañía –cuyo patrimonio forestal total asciende a más de diez mil hectáreas– realizaba mensualmente el aprovechamiento forestal, en la zona afectada, de 13.000 toneladas de madera de pino, (el 32 % de la madera comercializada en Antioquia); actividad que luego del hostigamiento debió suspender –entre el 12 de diciembre de 2013 y el 1 de abril de 2014– lo que dejó cesantes a cinco operadores forestales que prestan servicios a la compañía y a más de doscientos cincuenta empleados directos; sin proveeduría directa de materia prima a sus 37 clientes directos; y afectó a más de diez mil personas activas en la cadena.

Una situación similar debió afrontar la Compañía Agrícola de la Sierra –de origen y capital chileno –que sufrió el secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN, en julio de 2012, de León Andrés Montes Ceballos, un ingeniero que se desempeñaba como jefe de operaciones de la compañía, en el nordeste antioqueño, y que fue liberado 19 meses después de su retención.

Tras el secuestro y sistemáticos atentados a la compañía, ésta debió abandonar su proyecto forestal perdiendo no sólo cerca de un millón de dólares en inversiones, la posibilidad de plantar alrededor de mil hectáreas –que llegaron solo a 500–, y dar por terminados los contratos ya celebrados de Certificado de Incentivo Forestal – CIF; sino verse obligada a despedir a cientos de trabajadores.

De otro lado, Smurfirt Kappa Cartón de Colombia, cuyo patrimonio forestal total asciende a 68.534 ha distribuidas en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquía y Cauca, ha sido también objeto de secuestros extorsivos a sus funcionarios y ataques perpetrados por parte de grupos al margen de la ley –específicamente en ese último departamento– con altos costos económicos y sociales.

Es así que solo en el último ataque ocurrido en septiembre de 2012, perdieron, entre llamas, una cosechadora mecánica dispuesta en la finca Guaduales (municipio de Cajibío), además de 900 millones de pesos y la posibilidad de mantener el trabajo de 106 jefes de hogar cuyo sustento dependía directamente de la máquina incendiada.

Un “rosario” de cuentas críticas

Los hechos citados dejan en evidencia que la situación actual por la que atraviesan las empresas reforestadoras nacionales y con capital extranjero, en general, puede ser percibida no sólo como económicamente incierta y de alto riesgo para ellas; sino que además incide en la estabilidad social y económica de las comunidades.

En primera instancia, las reforestadoras desarrollan sus actividades en corredores convertidos por los grupos armados en paso de narcotráfico, de contrabando y armas; lo que significa, literalmente, ser un objetivo militar que siembra, cosecha e invierte altas sumas de dinero y recursos técnicos y humanos en tierra de fuegos cruzados.

Así, según Natalia Quevedo, las pérdidas por el atentado en diciembre pasado a Silvotecnia, ascendieron a más de dos mil millones de pesos, sin contar los cerca de cinco mil seiscientos millones que no percibió la compañía por concepto de madera facturada y los 4.000 millones invertidos en actividades productivas, cifras que redondeadas alcanzarían los más de diez mil millones de pesos proyectados a la fecha.

En el plano logístico y de continuidad con los proyecciones en un negocio a largo plazo, las compañías reforestadoras, generalmente deben suspender por tiempos indefinidos sus actividades tras eventos como los citados pues, más allá del riesgo a asumir la pérdida de los equipos o de la infraestructura dispuesta para el trabajo de siembra y aprovechamiento forestal, es la seguridad y la vida de sus contratistas, empleados y la comunidad en general, la que está en juego.

En lo social, para las regiones que ven interrumpidas las actividades forestales que soportan su economía y la de sus pobladores, las afectaciones van desde la suspensión de los ingresos de las cabezas de hogar y los miembros de sus familias, hasta el freno casi total de su economía cotidiana.

“En el corregimiento de Llanos de Cuivá (municipio de Angostura y Yarumal) en el que habitan más de doce mil personas, buena parte de sus ingresos provenían del arriendo de casas y habitaciones a nuestros trabajadores; pequeños negocios como panaderías, restaurantes y ferreterías están lidiando hoy con una cruda baja en sus ventas; y las estaciones de gasolina han dejado de surtir de combustible a los más de veinticinco camiones diarios que transportaban la madera de nuestras fincas”, explica Alejandro Pineda, director de la política social de Silvotecnia. “Luego del ataque a los activos de la finca de la compañía, los aserraderos de la zona han despedido a más de la mitad de sus trabajadores” concluye.

Los hechos de alteración del orden público dan como resultado una serie de repercusiones económicas negativas también para los municipios que, entre otras, ven interrumpido el circulante de dinero que reciben los trabajadores por el pago de sus actividades y que genera la dinámica en torno al comercio.

“A Yolombó (Antioquia), cada vez que Agrícola de la Sierra paga a sus empleados entran al municipio 50 millones de pesos como circulante para mercados, abastecimiento básico, para el pago de servicios y otras necesidades, pagos que de refrenarse, afectarían severamente la capacidad de producir y comprar”, explica Mauricio Henríquez Mesa, coordinador general de Agrícola de la Sierra.

Paralelamente, las zonas que sufren ataques como los citados registran desabastecimiento en sus plantas de transformación, falta de materia prima, y la alteración de los precios de la madera en la medida que el recurso escasea, la oferta disminuye y los precios aumentan, lo que deja ganancias en la cadena, únicamente, a los transportadores quienes saben aprovechar las curvas tristes del negocio.

Adicional, en este panorama, donde el trabajo está amenazado por episodios de guerra y las tierras carecen de infraestructuras, se hace difícil para varias de las reforestadoras encontrar mano de obra para desarrollar sus proyectos; tal es el caso de Agrícola de la Sierra que afirma como, de los 1.500 trabajadores que han llegado a concentrar en Antioquia, el 70 % provienen de regiones distintas a esta, lo que aumenta potencialmente los recursos estimados y prolonga los tiempos de la compañía para lograr los resultados planificados.

En este punto vale anotar que aunque no hace parte de los requerimientos del negocio forestal – porque tal como lo afirma Natalia Quevedo, “la reforestación es una actividad generadora de paz”–, varias compañías se han visto en la obligación –pese a elevar los costos de su producción– de montar esquema de seguridad para su protección.

“Como inversionista foráneo, el componente de seguridad, cuando llegué a Colombia, jamás lo consideré, pero entendí que es necesario incorporarlo porque aquí casi es parte de la silvicultura. Nosotros aprendimos a desenvolvernos en un campo riesgoso y a manejar protocolos de seguridad, a obedecer protocolos de comunicación, de desplazamiento, de horarios, a reportar permanentemente las ubicaciones; y a trabajarlos con la comunidad”, confiesa Rodrigo Henríquez, subgerente de Agrícola de la Sierra.

Responsabilidad hecha con tejido humano

Uno de los puntos comunes que citan las empresas como forma de “prevenir” el asedio de los grupos al margen de la ley –indistinto de los métodos y estrategias que apliquen– es la práctica de ejercicios de Responsabilidad Social Empresarial en las zonas donde adelantan sus labores. A través de ellos no sólo apoyan el desarrollo integral de las comunidades asentadas sino que consolidan, aliados claves en proyectos que –como los forestales– son de largo plazo y demandan ambientes estables y productivos.

La construcción de infraestructuras, el apoyo a programas de bienestar social, el impulso a planes educativos, la entrega de bienes materiales, el ordenamiento territorial y la generación de empleo son –entre otros– los frentes de trabajo comunes en las estrategias que impulsan las reforestadoras.

En el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia –que inició su proyecto forestal en 1969 y desde entonces ha realizado diversos trabajos sociales con las comunidades asentadas en las áreas de influencia de sus actividades– hoy enfoca sus esfuerzos a promover la educación formal y no formal.

En la primera línea, se apoya en tres instituciones técnicas, agrícolas y forestales para formar a más de quinientos setenta y cinco alumnos en Cauca y Valle del Cauca; a la vez que ofrece un programa de validación de bachillerato para adultos del campo que beneficia a más de 900 personas. En el área de la educación no formal imparte 119 cursos que benefician a 2.693 personas vinculadas a la operación forestal; y promueve programas de generación de ingresos, de salud y saneamiento básico, y de creación de la cultura forestal, entre otros.

La realización de los programas en mención, así como de los cientos patrocinados durante sus años de labores, le ha demandado a esta compañía un importante esfuerzo económico; de hecho, solo durante el año anterior (2013), invirtió 9.000 millones de pesos, monto del que un gran porcentaje lo dirigió al fortalecimiento del tejido social y al arraigo a la tierra, lo cual, en palabras de Carlina Toledo, jefe de comunicaciones de la compañía, “contribuye a disminuir el desplazamiento”.

“Las únicas estrategias que blindan –hasta cierto punto– a las empresas reforestadoras es ser justo con los trabajadores, honesto y ético en las actuaciones, utilizar la institucionalidad del Estado para ejercer la actividad, hacer alianzas gana–gana con las comunidades y lograr que participen de los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera la actividad forestal, los cuales sobrepasan a los de cualquier otra actividad económica que se lleve a cabo en los suelos de vocación forestal”, asegura Carlina Toledo.

A partir de esta visión vale anotar que no todas las empresas forestales conciben la responsabilidad social de la misma forma, no diseñan las mismas estrategias, ni atiende los mismos frentes.

En el caso de Silvotecnia, que lleva 14 años de actividad en el norte de Antioquia, explica Alejandro Pineda, las tareas de responsabilidad social de esta compañía buscan consolidar individuos y grupos de personas fuertes para que gestionen eficazmente sus proyectos, y mejorar las condiciones laborales de los pobladores pues advierten que aunque muchos obtienen sus ingresos de trabajos asociados a la lechería o el cultivo de papa, ninguna les ofrece ni las condiciones, ni las garantías legales (calidad alimentaria, seguridad social, prima, pensión, entre otros) ni los montos, ni la estabilidad –a largo plazo– de la actividad forestal.

A la vez, Silvotecnia promueve la construcción de pequeñas obras civiles y recreativas –como parques infantiles– que se materializan después de adelantar procesos de sensibilización y capacitación con las comunidades para que las perciban como “construcciones colectivas y no como regalos”; desarrolla actividades de reforestación de microcuencas –vitales para su sostenimiento ambiental– y ha impartido cursos con propósitos productivos que se han visto truncados por acciones ajenas de orden bélico.

“En el año 2012 y 2013 dictamos cursos a más de ochenta mujeres –esposas y familiares de nuestros trabajadores– sobre la elaboración de adornos navideños con productos del bosque; lograron contratos para venderlos y habían organizado una exposición pero el ataque de diciembre pasado, echó todo abajo cuando nos vimos obligados a suspender operaciones”, explica Alejandro Pineda.

Durante los dos últimos años (2012 y 2013) Silvotecnia ha invertido más de ciento veinte millones de pesos en programas propios de su componente social.

De otro lado, para la compañía Agrícola de la Sierra, las acciones de responsabilidad social deben estar orientadas a solucionar las causas que originan el conflicto, no sus consecuencias y, en este sentido, dirige sus prácticas al cumplimiento de los parámetros de ley exigidos por el Gobierno para la contratación y sostenimiento de sus empleados –a ofrecer trabajos dignos y remunerados–; además de apoyar a las comunidades para que sean gestoras de su desarrollo.

Mauricio Henríquez Mesa afirma que la compañía no busca suplir al Estado en sus obligaciones y que por lo tanto –específicamente en los siete municipios antioqueños en los que tiene influencia– ha procurado coadyuvar a los gestores municipales en su gestión administrativa.

“Hemos recuperado carteras vencidas; asistimos a las alcaldías para que realicen un correcto ordenamiento catastral, recauden recursos y puedan atender las necesidades de su comunidades; hemos logrado que varias obtengan los títulos de propiedad de sus predios; que conformen sus juntas de acción comunal; y hemos erradicado –indirectamente– numerosas hectáreas de cultivos ilícitos porque solo negociamos predios libres de estos; lo que, en función de la irregularidad y la ilegalidad, nos convierte en un ordenador”.

Adicionalmente señala Mauricio Henríquez que la empresa, por cada cinco hectáreas que ha establecido genera un empleo directo y cuatro indirectos; que ha capacitado a los pobladores –muchos de ellos “ex raspachines”– para que se califiquen y puedan acceder a los puestos que abre la compañía; que ha pasado del régimen subsidiado de salud al régimen contributivo a más de 700 personas y ha abierto 70 kilómetros de vías de penetración a sus predios que hoy aprovechan los campesinos para sacar sus cosechas.

Ejercicios Exitosos en Pensilvania y Zambrano

Uno de los casos más exitosos en el país en materia de Responsabilidad Social Empresarial lo constituye el liderado por el grupo Gresco –un conglomerado de cinco empresas ⁽¹⁾ nacionales dedicadas a la siembra de especies forestales que, en los últimos años, ha extraído de sus 4.000 hectáreas de plantaciones, un promedio de 31.000 metros cúbicos de madera– en Pensilvania Caldas.

La historia registra que para julio de 2000, esta población sufrió la incursión de 500 guerrilleros del frente noveno y 47 de las FARC quienes, a punta de cilindros bomba, y con ráfagas de fusil y de ametralladora, destruyeron el centro del corregimiento que concentraba las unidades básicas de atención civil, de salud y religiosa; y asesinaron a un ex policía, 14 policías en servicio, y a tres civiles, entre ellos, un líder comunitario.

Luego de su reconstrucción y de curar sus “heridas”, con una comunidad unida y el respaldo del conglomerado empresarial, la población ha logrado un desarrollo sin precedentes entre los epicentros forestales comerciales del país, al punto que hoy es el único municipio en Colombia que cuenta con una oferta de educación tecnológica –distinta al Sena– para el sector forestal ofrecido por el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas que, sólo en 2012, formó 200 estudiantes en temas ambientales, en desarrollo de plantaciones y su cosecha, y transformación de la madera.

Hoy, Pensilvania exhibe numerosos logros sociales –patrocinados por Gresco– entre los que se destacan los programas de capacitación a trabajadores en los campos de seguridad y ambiente laboral; la entrega de subsidios educativos para niños; sus brigadas de salud; la construcción de un hotel; el sostenimiento de dos hogares juveniles campesinos que alberga a 55 niñas; y la donación al Sena de un terreno de 13,9 ha para la construcción de una sede de formación agropecuaria.

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En el plano económico, actualmente las empresas agremiadas en Gresco generan 550 empleos directos en tareas asociadas al trabajo forestal y ha logrado poner en marcha –en la vereda La Miel– una planta de aserrío que cuenta con tecnología de punta y surte a reforestadores independientes y proveedores de madera.

Vale señalar que en Pensilvania funciona, también, el único Centro de Desarrollo Productivo de orden forestal (CDP) –de los dos inaugurados en el país, años atrás, con el apoyo del Estado y que se perdieron por dudosas administraciones– y donde los interesados en formarse, aprenden desde manejo de equipos hasta nociones de diseño.

Para Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas, este caso particular demuestra como aun en una zona de difícil acceso –por la distancia y el estado de las vías–, en medio de una área montañosa –apetecida por los grupos insurgentes–; comunidades empleadas, con seguridad social y posibilidades de formación, con necesidades básicas satisfechas y que cuentan con el respaldo de empresas, si se quiere, “paternalistas”, logran “espantar a los grupos armados” y levantar una fortaleza protectora en su entorno.

La funcionaria afirma que existe una relación directa entre la frecuencia de los ataques de las bandas y grupos armados, y la consistencia de los ejercicios de responsabilidad social. “Está comprobado que las compañías con ejercicios fuertes de responsabilidad social son menos vulnerables porque protegen sus grupos de interés y sus inversiones, invirtiendo, haciendo alianzas estratégicas, no regalos. Pizano y sus labores en Zambrano (Bolívar) es un buen ejemplo”.

En efecto, Pizano ha invertido cerca de importantes recursos en los municipios de Zambrano y Córdoba –donde ha logrado articular no sólo procesos permanentes sino organismos comunitarios sólidos. Es así que hace más de 20 años puso en marcha una cooperativa que, desde entonces, ha generado empleo, brindado estabilidad a los trabajadores silvícolas, y “combatido” problemas de pobreza y falta de oportunidades de la región, una extensa en tierras aptas sembrar pero históricamente azotada por la violencia.

Recientemente los esfuerzos de la compañía en esta materia fueron noticia cuando 1.500 personas, pequeños reforestadores, dueños de su tierra y asistidos técnicamente por Monterrey Forestal Ltda. –empresa propiedad de Pizano que desarrolla trabajos en Zambrano– se convirtieron en las primeras del país en capturar un millón de toneladas de CO₂, recibir pago por esta gestión, y venderlo por medio de bonos a compañías de la Unión Europea.

Hoy, las empresas forestales con operaciones en Colombia trabajan con normalidad; sin embargo, preocupan las aristas que “adornan” al sector rural en el que se desarrollan los proyectos forestales, pues el conflicto armado parece obedecer no solo a la existencia de grupos armados sino a una problemática de país en la que factores como la falta de oportunidades han alimentado el desplazamiento, la pobreza, el trabajo informal, entre otras, y la mantienen.

Es una necesidad imperante el apoyo a los proyectos productivos de gran envergadura, como los forestales, que no solo vuelven la tierra productiva y son una oportunidad real para el progreso de zonas marginadas –azotadas por la violencia pero de gran potencial económico y social–; sino que estimulan la inversión extranjera y local, en peligro hoy por el temor y la incertidumbre.

Vale señalar que el Ejército Nacional ha adelantado intensas operaciones para recuperar no solo las tierras sometidas por los grupos armados sino también el orden; sin embargo, ante los hostigamientos, las reforestadoras difícilmente pueden limitar sus operaciones y el acceso a sus fincas, al acompañamiento permanente de las Fuerzas Militares.

Así pues, les queda perseverar, seguir blindando sus patrimonios y proyectos con “tejido humano”; y a los demás actores de la cadena, visibilizar lo que ocurre entre los árboles –adentro en el bosque– para hallar soluciones que no le impidan al país conocer las mieles que ofrece el negocio de una reforestación continua y próspera.

Cita:

1. El grupo GRESCO está conformado por: Agroindustrias La Florida, Maderas y Celulosa, Agobetania, Global de inversiones, Maderas de Oriente y Pro Oriente. Ver mayor información en Revista M&M. Edición 79. Artículo: ‘Aserrío La Miel, una historia con gran futuro’.

Fuentes:

• Natalia Quevedo, gerente general, Silvotecnia.
• Alejandro Pineda, director de la división de Responsabilidad Social Corporativa, Silvotecnia.
• Alejandra Ospitia, directora ejecutiva de Fedemaderas
• Mauricio Henríquez Mesa, coordinador general, Agrícola de la Sierra.
• Rodrigo Enríquez, subgerente, Agrícola de la Sierra.
• Identificación y sistematización de experiencias sobre la contribución de la reforestación comercial al desarrollo y la paz. GTZ
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