Camilo Marín Villar
Periodista

El Gobierno, el Congreso, los gremios y la sociedad civil quieren cambiar la mala costumbre de algunas empresas de retrasar el pago de sus facturas; por ello, está en trámite una iniciativa que logrará que los desembolsos a proveedores y contratistas se hagan en plazos justos. Actualmente, en Colombia, el tiempo promedio de los pagos supera los 86 días

Cada día toma fuerza y recibe nuevos apoyos el proyecto de ley denominado: “Ley de pago a plazos justos”, el cual busca que las empresas no se demoren más de 60 días en cancelar las facturas a sus proveedores; especialmente, para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país que, en muchas ocasiones, se ven sin liquidez por las extensas demoras en los pagos de 90, 120 y hasta 160 días.

Y es que, una reciente investigación de la Confederación de Cámaras de Comercio muestra que en Colombia cerca de la mitad de las MiPymes se quiebran después del primer año, y solo el 20% sobrevive al tercero, siendo la falta de financiamiento y de liquidez la tercera causa de mortalidad empresarial, después de la informalidad y el alto costo de los impuestos.

El tema es tan importante que el debate se encuentra en todos los estamentos y a todo nivel. Desde los industriales, los comerciantes y la clase política, hasta en el seno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ya tiene lista su propia propuesta al respecto.

 Más allá de ser un asunto de disciplina y de buenas prácticas empresariales, es un norte que se fijó la economía colombiana y no hay marcha atrás. Desde mediados de marzo, una vez inicien las sesiones ordinarias, el proyecto de “plazos justos” será tratado en el Congreso y seguramente se convertirá en Ley.

Por su interés para el sector MiPyme; y, particularmente, para el segmento del mueble y la madera, que es un proveedor natural de materiales, insumos y productos para la construcción, la industria, el comercio y los servicios en el país, la Revista M&M, presenta un breve recuento del proyecto “Para el pago a plazos justos”.

Importancia

Según Confecamaras, una de las principales razones de la iliquidez en las MiPymes son los sistemáticos retrasos que se presentan en el pago de las facturas por parte de las grandes empresas de las que son proveedoras.

El mal hábito de dilatar los pagos a los proveedores es un problema que lleva muchos años de arraigo en la cultura mercantil colombiana, pero que desde hace una década viene agudizándose. Un informe también de Confecamaras, de septiembre de 2018, indica que el comportamiento en el pago de las facturas en Colombia es totalmente distinto al de hace 10 años, cuando al proveedor se le anticipaba hasta el 50% del valor total de la operación.

 A pesar que, el actual Código de Comercio ordena que cuando dos partes no acuerdan la fecha de pago de una factura, se deduce que es a 30 días, esto en el 90% de los casos no se cumple, debido a la extensa tramitología creada alrededor del pago que termina por alargar el periodo.

Colombia tiene 2.540.953 mipymes que se enfrentan a un escenario de poca oferta crediticia y altos costos en los intereses.

Se trata de trámites, papeles y procedimientos que la gran empresa usa deliberadamente para retrasar el pago de la obligación; como la notificación del almacén, diciendo que sí recibió el pedido (cinco a diez días); la imposición de fechas específicas de recibo de facturas (puede tardar hasta 15 días, dependiendo de los días estipulados); y el hecho de que pueden tardar hasta cinco días después del día 90 en desembolsar el pago.

 Todo esto termina con un desbalance en los flujos de caja de los proveedores, que atenta de forma directa contra la estabilidad financiera y la perspectiva de crecimiento de la pequeña empresa. La situación es tan grave que, al relacionar el retraso en el pago de factura con la declaración del IVA, la utilidad se puede ver reducida hasta en el 1,0%, si la empresa afectada debe recurrir a un crédito bancario para el pago a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Otra forma de conseguir liquidez es acudiendo al sector financiero por medio de figuras como el factoring y los cupos de capital de trabajo que, obviamente, también implican un costo. Lo anterior se agrava al considerar la restricción que ponen algunos clientes para negociar la factura en el mercado de factoring, así como solo permitirles hacerlo con los operadores aprobados por ellos que, en ocasiones, exceden la tasa de comisión determinada por el mercado. Al final, se construye una cadena donde la gran empresa, de una u otra manera, se financia con el dinero de sus proveedores.

De hecho, cualquier alternativa de financiación que elija una empresa para cumplir con sus obligaciones, le representa asumir sobrecostos y pagos adicionales.

Por ejemplo, en caso que solicite a la Dian una prórroga de tres meses para el pago del impuesto del IVA, la empresa debe pagar un sobrecosto de 1,38%, por concepto de interés, sobre su margen de utilidad. Y en los casos que no pueden cumplir con el pago se expone a sanciones y embargos de las cuentas.

En suma, el pago de intereses de mora a la Dian, por no reembolsar a tiempo el IVA y tener que pagar una tasa cercana a la usura, llevan a que pequeñas empresas tengan dificultades para responder por su nómina y por sus créditos.

Una propuesta gradual

El actual proyecto de ley de “Pago a Plazos Justos” es una iniciativa presentada en septiembre del 2018 al Congreso, por la Cámara Colombiana de la Energía (CCE), Acopi, Acoplásticos, Andigraf, Coimpresores, Asopartes, Asomicrofianzas y Confecoop, y Mauricio Toro Orjuela, congresista de Alianza Verde; con el apoyo de más de 30 congresistas de diversos partidos políticos, y que ya cuenta con una ponencia positiva y debe debatirse cuando de inicio la legislatura, formalmente, después del 16 de marzo.

La propuesta comenzará su primer debate de cuatro en la comisión tercera de la Cámara de Representantes, y estipula un periodo para que las empresas paguen las facturas que tengan pendientes en un tiempo perentorio; otorgando un plazo progresivo de pago; el cual iniciaría a los 60 días durante los primeros cinco años desde que el proyecto sea promulgado; al termino de los cinco años el plazo se debe reducir a 45 días, hasta llegar a 30 días para el 2029.

El proyecto también crea mecanismos para multar a quienes intenten dilatar el proceso de pago de facturas, e implementa herramientas que garantizan el anonimato para quienes sean denunciados ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

De hecho, el proyecto indica que cuando no se cumplan con los plazos límites, el acreedor tendría derecho a reclamar una indemnización por los costos de la mora. Este valor no podría superar el 20% de la cuantía de la deuda.

Además, obliga que la devolución de facturas no implique el retraso de los pagos y le daría un intervalo de cinco días a las empresas para que revisen las facturas y manden a hacer cambios, sin modificar el plazo de pago acordado inicialmente.

 Para construir este proyecto fueron consultados empresarios, emprendedores y académicos, por medio de una página web y redes sociales, quienes enviaron sus comentarios a favor y en contra. Adicionalmente, la iniciativa fue estudiada y se basó en varios avances normativos que se han presentado en Europa.

Por ejemplo, recientemente, en España se estableció una normativa que castigaba fuertemente a las grandes empresas que desconocían sus obligaciones monetarias con las Pyme, cuando estas trabajaban como proveedoras.

Vale recordar que, en enero de este año, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una ley que obliga a pagar las facturas a las pequeñas y medianas empresas en un plazo de 30 días; de igual manera lo hizo Perú, y, actualmente, se encuentra en debate en México una norma similar, todos ellos miembros de la Alianza del Pacífico, de la que Colombia también es integrante.

Un nivel de liquidez sano de las MiPymes podría elevar su tasa de supervivencia a cinco años de 43% a niveles cercanos a 80%, lo que tendría un impacto notable para el aparato productivo nacional y el desempeño económico del país.

Gobierno busca ir más lejos

A la iniciativa que cursa en la Cámara se sumará una nueva propuesta que ya tiene lista el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que anunció el pasado mes de febrero un proyecto de ley que buscará fijar un plazo para que las grandes empresas le paguen, en un menor tiempo, la mercancía proporcionada por las micro, pequeñas y medianas compañías.

Según el Ministerio, la idea es poder fijar un plazo máximo de 60 días para que los grandes establecimientos paguen la totalidad de su deuda con los pequeños proveedores, con el fin de impulsar el emprendimiento y apalancar el sector pyme en Colombia.

No obstante, se ha anunciado que el tema irá más lejos, ya que el proyecto contendrá otras iniciativas para simplificar los trámites y normativas de las MiPymes, con el objetivo de impulsar este sector. La idea es articular esto a una propuesta ya vigente en la Ley de financiamiento que es el tema del régimen simple, agilizar también los procesos de liquidación de procesos fallidos en el caso de los emprendedores, eliminar cargas administrativas y varios obstáculos burocráticos que se le presentan a estas empresas.

Con ello, lo más probable es que ambos proyectos, tanto el del representante Toro como el presentado por el Gobierno, entren en conciliación y finalmente sean integrados en la nueva Ley para el apalancamiento de las MiPymes en Colombia, lo que además fue una de las propuestas y promesas de campaña del actual presidente Iván Duque.

Fuentes
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. www.mincit.gov.co/
www.congresovisible.org
www.mauriciotoro.co/wp-content/uploads/2018/09/Borrador-Toro-Plazos-Justos-1.pdf