Paola Andrea Ruiz Rojas

Periodista M&M

Infringir las leyes forestales existentes en el país, traerá consecuencias contundentes. Desde la inmovilización de los camiones que transporten madera ilegal y el decomiso de la misma, hasta la aprehensión de quienes cometan los delitos forestales; serán algunas de las acciones que, desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, pondrán en funcionamiento las autoridades ambientales para contrarrestar el delito de la ilegalidad.

Alarmantes, así son las cifras que las autoridades medio ambientales manejan sobre el tráfico ilegal de madera en el mundo. Según un informe del Banco Mundial, en Colombia, la tala ilegal alcanza aproximadamente un 42 por ciento de la producción total de madera, lo que indica que en nuestro país, cerca de 1.5 millones de metros cúbicos de madera en troza o su equivalente en aserrada, es explotada, transportada y comercializada de forma ilegal.

Los números evidencian, sin duda, una problemática seria, que amenaza no sólo la sostenibilidad de los bosques nativos, sino la subsistencia de aquellas especies particularmente apreciadas por su alto valor comercial, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales.

Es evidente que, históricamente, se han diseñado estrategias y e impulsado esfuerzos de orden estatal, privado y comunitario con miras a contrarrestar el flagelo de la ilegalidad; sin embargo, tales iniciativas no han sido las más efectivas a la hora de impedir las prácticas ilegales y de aplicar el régimen sancionatorio –entre muchas razones– por la falta de conocimiento y sobre todo, de cabal aplicación de las normas sobre manejo y aprovechamiento de los bosques, así como aquellas referentes al transporte, transformación y comercialización de la madera.

Se ha demostrado que desde la Política Forestal del Inderena (1984), pasando por el Plan de Acción Forestal para Colombia (1989), la Política de Bosques (1996), el Diagnóstico para el Control del Aprovechamiento Forestal (1996), el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000) y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres (2002), todas, presentan limitantes de tipo técnico, normativo, operativo e incluso financiero, que las vuelve débiles frente al delito de la ilegalidad.

Igualmente, el desconocimiento –en muchos casos total– de algunos funcionarios encargados de hacer valer las normas, así como de quienes aprovechan la madera; la falta de parametrización y de agilidad en los procesos; la escasez de presupuesto; el exceso de burocracia; la poca disposición de algunos entes de control y vigilancia; la falta de colaboración de las comunidades; el uso y aprovechamiento del bosque sin permiso; así como falencias en el sistema de información y la incidencia de factores externos como la violencia, en algunas áreas forestales son;  en buena medida, las principales raíces del los problemas “de salud” que padecen las leyes ambientales nacionales actuales.

Por ello en junio del presente año y al término de la primera fase del Proyecto de Gobernanza Forestal Bosques – FLEGT Colombia, se realizó ellanzamiento de la “Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal”, cuyo principal objetivo es establecer e implementar un conjunto integrado de lineamientos y acciones que articulen, armónicamente, los componentes de prevención y sanción adecuados para garantizar lalegalidad de la actividad forestal en el país.

La iniciativa fue liderada por las corporaciones autónomas regionales participantes del proyecto FLEGT –CARDER, CORPONOR, CORTOLIMA y CRQ-, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, ASOCARS y la Unión Europea entre otras entidades del orden público y privado; y para garantizar su viabilidad y justificación, sus ponentes analizaron documentos, estudios, políticas y las leyes de las dos últimas décadas que, dada su vigencia histórica, les permitió evidenciar la realidad nacional forestal. Varios elementos de diagnóstico se tuvieron en cuenta a la hora de establecer, construir, adoptar y poner en marcha la nueva Estrategia.

Acciones, Herramientas e Instrumentos contra la Ilegalidad

Es importante recalcar que la ENPCSV, está enmarcada dentro de las directrices y políticas forestales nacionales existentes y se fundamenta en el principio de Armonía Regional consagrado en el artículo 63 de la ley 99 de 1993; a la vez que se articula con los Planes de Acción Trienal de las Corporaciones Autónomas Regionales y Corporaciones parael Desarrollo Sostenible.

De igual forma, se integra a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, y se adapta a las disposiciones contempladas en la ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental, todo lo anterior garantiza que la ENPCSV, cuenta con los instrumentos técnicos y normativos necesarios para su aplicación.

Dentro de los tres procesos: operativo, jurídico–administrativo–financiero y preventivo-, que forman parte de la estrategia, los gestores e impulsores de la iniciativa establecieron la creación de varias herramientas, acciones e instrumentos que deben implementarse y auditarse, para hacer más eficaz el trabajo contra la ilegalidad forestal en el país.

Así, han determinado que desde el lanzamiento de la estrategia, y en adelante, es preciso encaminar todas las acciones para crear un clima que favorezca su puesta en marcha y que de la misma forma; los diferentes entes privados y públicos, cuya labor esté contemplada en el marco del seguimiento, control y vigilancia forestal, deben poner en funcionamiento lo estipulado dentro de la estrategia, en el menor tiempo posible.

Una de las acciones más asertivas y que, sin lugar a dudas, permitirá agilizar los procesos, es la estructuración e implementación de un sistema de consulta y seguimiento forestal “en línea”, que contendrá toda la información actualizada, sobre permisos, autorizaciones vigentes de aprovechamiento forestal y salvoconductos de movilización de productos forestales, maderables y no maderables.

Para Ramón Leal, Director Ejecutivo de ASOCARS, este sistema que permitirá la consulta de datos en línea y en tiempo real, deberá implementarse a corto plazo en cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y en las Unidades Ambientales de los grandes centro urbanos del país, ya que se constituye en una herramienta clave, y de gran apoyo para el ejercicio de las funciones de control y vigilancia, dado que con ella se podrá verificar la autenticidad de los documentos que porten todos los actores de la cadena, que participan en las labores de corte y transporten hasta las de transformación de la madera.

La estrategia sugiere también, la unificación y reducción de tiempos de trámite en las CAR, y la atención oportuna a los usuarios mediante la agilización de los trámites de solicitud de permisos y/o autorizaciones ya que, según lo observado, la burocracia y la “tramitología” hace que en muchos casos, los usuarios opten por la ilegalidad antes de realizar extensos procesos para lograr la documentación respectiva y necesaria.

En cuanto al seguimiento y monitoreo al aprovechamiento de la madera, se establece en la iniciativa, que las CAR y las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible deben llevar a cabo actividades de prevención, seguimiento, control y vigilancia sobre todo, en aquellos sitios donde existe mayor presión (legal o ilegal), sobre los bosque naturales. Para tal fin, se advierte la importancia de que los organismos en mención deban ejercer presencia permanente en las zonas o puntos críticos, donde la incidencia de factores negativos afecta los recursos forestales; ahora bien, si la zona presenta problemas de orden público, los operativos de control deben realizarse en coordinación y con el apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía

Otro punto de importancia –con énfasis particular– es el de la atención oportuna a las denuncias, ya que en algunos casos la actuación tardía por parte de las autoridades frente a los delitos forestales, no sólo permite que se cometa la infracción, sino que además desestimula a la comunidad para seguir informando sobre las irregularidades.

De otro lado, la estrategia estimula la necesidad de diseñar y elaborar un guía técnica que permita la rápida identificación de las maderas de especies que son objeto de mayor explotación, demanda y comercialización, o en situación de vulnerabilidad o en vía de extinción, con miras a que quien esté al frente de los operativos de control y vigilancia, las reconozca y pueda aplicar la ley en caso de alguna anomalía. Este instrumento de ayuda –estiman de organismos ponentes– será de manejo nacional y debe ser compatible con otros sistemas de reconocimiento; además de servir como complemento a las necesarias guías de identificación de productos forestales no maderables que se deben elaborar.

La estrategia establece además la necesidad de realizar operativos de seguimiento, control y vigilancia, a todo lo largo de la cadena forestal, es decir, desde la fuente misma de la materia prima, pasando por los centros de transformación, hasta la etapa de comercialización; seguimiento que debe ser, en opinión de los ponentes, reforzado por los censos que las CAR y Corporaciones para el Desarrollo Sostenible realizarán a las empresas de transformación y comercialización.

De igual forma, se propone modificar los operativos, para hacerlos más contundentes; por tal razón, las CAR –basadas en experiencias vivenciales de otros países– están diseñando nuevos modelos y ajustando los existentes, para hacerlos más efectivos en alcances y resultados. ASOCARS por su parte, está diseñando diplomados –que empezará a dictar desde mediados del segundo semestre de este año–, para que las entidades ambientales, los organismos institucionales, las fuerzas militares y de policía y la fiscalía manejen los mismos términos jurídicos y sigan un único protocolo de incautación, con miras a que no existan inconsistencias de tipo legal, que después se devuelvan en contra de quienes hacen valer la ley.

Según lo explica Ramón Leal, Director Ejecutivo de ASOCARS, es importante que todos los entes implicados en la custodia de la cadena forestal, tengan conocimiento acerca de la normatividad existente, pues esto les permitirá aplicar sanciones contundentes, ya que ahora es posible desde incautar las motosierras y demás herramientas de corte con las que se tala la madera ilegal, hasta inmovilizar los camiones en los que se transporta la misma y decomisar el material o productos hechos con dicha materia prima.

Así, establece el marco normativo, que la madera incautada deberá reposar en espacios técnicamente  apropiados, por ello es necesario que las CAR, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y la Unidades Ambientales de los grandes centro urbanos, dispongan de sitios con condiciones aptas para la conservación y almacenamiento de los productos, con miras a evitar las pérdidas de material debido a las circunstancias precarias de almacenamiento.

Finalmente, la ENPCSV, advierte la necesidad imperante, para el éxito de las medidas, de apoyar por parte de todos los actores de la cadena, las acciones interinstitucionales que conlleven incluso a sanciones de tipo penal para los involucrados en la tala, transporte y aprovechamiento ilegal de la madera.

Educación Ambiental, Asesoría y Capacitación

Para lograr la cultura de legalidad, es necesario no sólo recurrir a las acciones coercitivas, sino también aplicar políticas educacionales, que lleguen a todos y cada uno de los miembros que componen la cadena forestal, e incluso a aquellos que, desde lo común y cotidiano, están en contacto con el tema forestal, como por ejemplo los consumidores finales.

Atendiendo a lo anterior, la estrategia plantea incluir y desarrollar –dentro de los planes de educación ambiental establecidos en las CAR y demás corporaciones– temas tales como función e importancia de los bosques, manejo forestal sostenible, identificación de especies, aspectos legales, identificación de maderas y productos no maderables de mayor comercialización, manejo de guías técnicas y gobernanza forestal, entre otros; que abarcarán además, desde convenios con universidades y demás entes de educación superior o por módulos de capacitación especializada dirigidos a profesionales, técnicos, autoridades ambientales de índole regional, municipal y departamental, responsables de las funciones de control y vigilancia.

Paralelamente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, implementará talleres de capacitación sobre temas normativos y técnicos inherentes a la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal; el Régimen Sancionatorio Ambiental Ley 1333 de 2009; y los protocolos de decomiso de madera y flora silvestre, así como visitas de campo y de inspección, a los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Unidades Ambientales de Grandes Centros Urbanos y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

En este sentido y en consecuencia, la ENPCSV señala como imperante la necesidad que los funcionarios técnicos y jurídicos vinculados con el sector ambiental, realicen ejercicios permanentes de capacitación y retroalimentación de las responsabilidades institucionales en materia forestal, así como intercambien experiencias y conocimientos con los entes ambientales y demás organismos reguladores.

De la Mano con los Medios

La principal excusa que presentan los infractores ambientales al momento de cometer acciones irresponsables con el bosque, es el desconocimiento de la normatividad vigente, por ello, esta estrategia expone la necesidad imperante de vincular a los medios masivos de comunicación, en la divulgación de la legislación y normas existentes.

Por eso, la divulgación en medios, determina la estrategia, se realizará sobre todo para concientizar a la población urbana que comete infracciones como sujetos pasivos, mientras que la promoción e información orientada a la prevención y educación sobre temas de bosques y legalidad, así como la estrategia y demás normas existentes, se realizará a través de las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente, las CAR y demás entes ambientales.

Por lo pronto, en este momento, se está creando una masiva campaña publicitaria en medios, para que todos conozcan de primera mano, las directrices sobre el manejo sostenible de los bosques, y se cree de esta manera, una cultura forestal adecuada que haga contrapeso a los actos de ilegalidad que se vienen presentando en el mundo.

Aunque la estrategia aún se encuentra en una etapa inicial, en la cual se están organizando los lineamientos, y creando los instrumentos y acciones, se vislumbra como una herramienta clave para contrarrestar acciones que vayan en contravía de un bosque sostenible.

Cita:

1. Principio de Armonía Regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas así como las regiones y provincias a las que la ley diere carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.

Fuente

• Ramón Leal, Director Ejecutivo se
• Cuadernillo ‘Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal’.
• Colombia, Ley 1333 de 2009.
• Colombia, Ley 99 de 1993.
• Proyecto Gobernanza Forestal, Bosques FLEGT ‘Memorias del taller nacional de concertación final de la propuesta de Estrategia Nacional de Prevención, Control, Seguimiento y Vigilancia Forestal’.
• Nota Aclaratoria: El Ministerio de Ambiente no se pudo contactar para conocer su accionar frente a la estrategia, a pesar de todos los esfuerzos.