Camilo Marín Villar

Periodista M&M

 El éxito de una estrategia nacional para la financiación forestal depende del fortalecimiento de los actuales instrumentos y la creación de nuevas líneas de crédito viables y ajustadas a las expectativas de rentabilidad e ingresos de los reforestadores.

 De todas las líneas de financiación agropecuarias, el crédito forestal es quizás uno de los más complejos y constituye un verdadero reto para economistas y banqueros; tanto así, que a la fecha son pocas las alternativas crediticias que se ajustan realmente a las necesidades de los reforestadores.

Tal como explica, Víctor Manuel Nieto, investigador asociado de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), históricamente, la gran mayoría de las iniciativas de reforestación comercial en el país se han constituido con recursos propios; casi ningún empresario toma la opción de financiarse a través de créditos ordinarios y si lo hace, solicita pequeños montos, generalmente para capital de trabajo y nunca como capital de inversión.

Un poco más del 90 por ciento de la financiación para la reforestación comercial se realiza, fundamentalmente, a través de los estímulos, incentivos y beneficios tributarios otorgados por el Estado que, aunque valiosos, son a menudo insuficientes para que el sector crezca a la velocidad que se necesita.

Las cifras son evidentes: según el monitoreo sectorial forestal, elaborado el año pasado por el Banco Agrario de Colombia, en el 2008, los recursos totales recibidos por el sector a través de los apoyos gubernamentales ascendieron a $51.281 millones. Los mayores recursos se ejecutaron a través del programa Certificado de Incentivo Forestal (CIF) por un valor de $35.000 millones, lo cual significó el 67,57 por ciento de los recursos; en contraste, y en igual periodo, los desembolsos a través de las líneas de crédito de fomento del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), sumaron $514 millones, lo que representó apenas 0,99 por ciento.

Dicha situación no es nueva y obedece a múltiples factores, entre los cuales se destaca el poco conocimiento que tienen los intermediarios financieros sobre sector y a su percepción del negocio forestal como una inversión de alto riesgo; hechos que, sumados al vacío jurídico dejado por la declaración de inexequibilidad de la Ley General Forestal, en enero de 2008, constituyen las principales causas de la renuencia de la Banca a flexibilizar las líneas de crédito para proyectos forestales.

En un artículo publicado en el libro ‘La Reforestación en Colombia, Visión de Futuro’, editado por Fedemaderas, el ingeniero industrial, experto en temas forestales y actual presidente de Fiduagraria, Diego Lozano Cifuentes, asegura que los retos comienzan cuándo las entidades financieras se preguntan: ¿qué es lo que se financia en el negocio forestal y cuál es el respaldo?

En su análisis, el presidente de Fiduagraria comenta que esta inquietud, aparentemente fácil de responder, ha generado confusión entre los expertos en asuntos financieros, ya que algunos optan por entender los árboles simplemente como una inversión pero desconocen que el crecimiento natural diario es lo que genera el ‘inventario’ del proyecto y, a su vez, valoriza los activos y el patrimonio; además, le otorga a la empresa la capacidad de aumentar su razón corriente y por ende, su capacidad de endeudamiento en el corto plazo.

En ese mismo sentido, Gustavo Barbosa, presidente de la Reforestadora 3F Bosques del Futuro, del grupo Kanguroid, explica que para un banquero la matemática forestal es inversa a lo que le enseñaron, pues las compañías crediticias financian exigiendo como garantía activos que se deprecian en el tiempo; contrariamente, en la reforestación al inicio de la plantación los activos (árboles) valen poco, pero cada día, con un buen manejo, se valorizan multiplicando su precio y representando una garantía mayor.

 La incertidumbre sobre las garantías, ha ocasionado que la oferta bancaria forestal este limitada a créditos de mediano plazo con tasas altas que, comparadas con las expectativas de rentabilidad e ingresos de los reforestadores, no se ajustan a las características y necesidades particulares de esta actividad.

Por ser un cultivo de tardío rendimiento, los primeros flujos de ingresos provenientes del crecimiento natural del bosque se obtienen, el mejor de los casos, después de ocho (8) o quince (15) años, según la especie plantada; además, en la mayoría de los años del largo ciclo productivo no hay ingresos; y por otra parte, la inversión inicial, en lugar de irse recuperando en los primeros años de operación, se va acumulando pues a ella se va sumando los gastos de mantenimiento.

De acuerdo con cálculos realizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en Colombia se pueden obtener tasas de retorno en términos reales (no incluye inflación), antes de impuestos en inversiones forestales del 13 por ciento, lo cual es atractivo si se compara con la tasa de interés de oportunidad para la inversión en el país, que oscila entre el 10.6 por ciento promedio hasta valores que alcanzan el 12.6 por ciento. Sin embargo, y aunque el negocio es rentable, para el inversionista deja de ser atractivo financiarse vía crédito cuando compara su expectativa de ingresos con el costo de los préstamos de largo plazo que ofrece el mercado, los cuales oscilan a tasas del 16 y 19 por ciento efectivo anual. En suma, nadie optaría por financiarse vía tasas superiores a su costo de oportunidad.

Timonazo para la Financiación

Para incentivar la creación de nuevas alternativas de financiación forestal y fortalecer las ya existentes, recientemente desde los sectores público y privado, se está trabajando sobre tres aspectos fundamentales: 1) un viraje en el modelo de análisis de riesgo financiero con base en las garantías comerciales y la estabilidad jurídica que proporciona la nueva Ley Forestal 1377 de 2010; 2) la promoción y atracción de la financiación vía fondos de inversión privada y, 3) la ampliación y el fortalecimiento de los créditos de fomento, estímulos y beneficios tributarios del Estado a la actividad forestal.

A continuación se presenta cada uno con más detalle:

• Ley 1377 de 2010.

Después de dos años de que la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará inexequible la Ley General Forestal –la 1021 de 2006–, finalmente fue sancionada por el Gobierno la nueva norma que reglamenta la actividad forestal comercial en Colombia, la Ley 1377 de 2010.

Con apenas once artículos esta norma aclara en gran parte el ‘limbo jurídico’ en el que estaba el negocio forestal. El texto, radicado desde julio de 2008, aprobado por el legislativo el segundo semestre de 2009, y sancionado por el Presidente apenas el pasado 8 de enero, define algunos conceptos técnicos fundamentales; las condiciones de registro; el control y aprovechamiento de los bosques y las competencias tanto del MADR como de las diferentes entidades que intervienen en el tema: el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las Umatas y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

En el tema de financiamiento, uno de los aspectos más relevantes que trata la Ley es la garantía real, representada por el cultivo forestal; en la norma queda claro que los árboles deben ser considerados como bienes muebles.

Textualmente, la Ley 1377 en su artículo 2 aclara que el ‘Vuelo Forestal’ representa: “el volumen aprovechable sobre el cual el titular o el propietario de un cultivo forestal con fines comerciales tiene derecho para constituir una garantía. Para todos los efectos jurídicos, se entiende que los árboles son bienes muebles por anticipación”. Así mismo, el artículo 10 expresa que los árboles, como cualquier mueble, constituyen una garantía real para las transacciones crediticias u otras operaciones financieras.

Se espera que, al considerar por ley los árboles como la garantía natural del negocio, incluso en la primera etapa de siembra, se establezcan las bases para que el sistema financiero colombiano formule alternativas de financiación acordes a las necesidades de los reforestadores y éstos, a su vez, obtengan la posibilidad de acceder a préstamos de largo plazo y tasas flexibles, entregando como garantía los propios árboles, así sean simples plántulas.

Nelsón Lozano, coordinador nacional de la Cadena Forestal del MADR, confirmó que el Gobierno estudiará los alcances de la norma para identificar si es necesario o no reglamentar este tema con la ayuda de la Superintendencia Financiera.

Al respecto, Alejandra Ospitia, directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, Fedemaderas, afirmó que gracias al establecimiento de la garantía, los banqueros podrían embargar los árboles en caso de moratoria del crédito, tal como se hace con cualquier activo.

Ospitia también explicó que el nuevo Sistema de Control, administrado por el MADR y contemplado en el artículo 6 de la norma, puede llegar convertirse en una fuente valiosa de información para la Banca, sobre la experiencia y credibilidad de los reforestadores y el buen uso y aprovechamiento que le dan a las plantaciones comerciales.

La Ley dispone que este sistema este actualizado permanente y contenga aspectos tales como número de registro del cultivo o sistema agroforestal, ubicación, áreas y especies registradas, sembradas y aprovechadas, nombre e identificación del propietario o tenedor del predio y de la plantación, volúmenes y descripción de los productos, origen, ruta y destinos de comercialización, modo de transporte e identificación del vehículo y del transportador, entre otros; información que será pública y de fácil acceso.

El artículo 6 de la Ley incluye un parágrafo que establece que los transportadores deberán portar copia del registro y el original de la remisión para poder movilizar los árboles por las carreteras nacionales; este registro, expedido por el Gobierno, le podría ser negado al reforestador que incumpla con sus compromisos comerciales, entre ellos los crediticios, lo cual constituye otra garantía para los bancos.

• Fondos de Inversión.

Hoy la industria forestal colombiana reconoce claramente que es necesario generar un ambiente de negocios propicio para atraer fondos de inversión de capital privado, también llamados ‘Timos’ (Timberland Investment Management) y ‘Reits’ (Real State Investment Trusts); jugadores que han contribuido positivamente al desarrollo de los actuales líderes forestales en América Latina, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay.

Mientras que los ‘Timos’ gestionan bosques de un inversor privado o institucional y la rentabilidad la obtienen a largo plazo, los ‘Reits’ son sociedades que gestionan sus propios bosques y cotizan en bolsa las acciones de la empresa, por ello obtienen mayor liquidez. Sus inversionistas tradicionalmente han sido los fondos de pensiones públicos y privados, y los fondos sin fines de lucro o ‘endowments’ de universidades como Harvard y Yale; todos ellos, inversores de largo plazo que ven la reforestación como una alternativa de diversificar sus portafolios y reducir riesgos.

Conciente de la importancia de atraer este tipo de capitales al negocio forestal colombiano, el MADR ha venido adelantando gestiones de acercamiento comercial, para despertar el interés de reconocidos fondos como World Forest Investment, Four Winds Capital Management, Eagon Lautaro S.A, Hancock Natural Resource Group y Forestland Group; que manejan activos forestales por más de US$11.000 millones.

La primera experiencia de este tipo en el país es El Fondo de Inversión Forestal Colombia, creado por el Gobierno Nacional y en el que pueden participar tanto inversionistas públicos como privados. Dicho fondo tiene comprometidos recursos por US$26.3 millones para la plantación de especias probadas, como la Teca y el Eucalipto, en un área aproximada de 7.000 hectáreas (has). Por ahora, hay dos proyectos en marcha, uno de 3.000 has y otro 2.000 has, ambos en la Costa Atlántica. El fondo es administrado por la firma Latin American Enterprise Fund Managers (Laefm), una compañía de reconocimiento internacional, mientras que Finagro es un inversionista subordinado con una inversión de US$10 millones y Fiduagraria administra el dinero, una vez invertidos todos los recursos actuales se buscará nueva inversión, hasta por US$100 millones, con que se piensa plantar más de 50.000 ha.

Adicionalmente, cabe recordar que en junio del año pasado salió al mercado el Fondo de Inversiones Forestales, creado por las firmas Proyectar Valores, Agrofuturo y Silvotecnia, esta última, una compañía colombo suiza especializada en activos forestales. El proyecto, cuya inversión asciende a $10.355 millones, espera sembrar 1.200 has de pinos en Amalfi – Antioquia, y replicar las características de los ‘Reits’, al combinar buenos retornos y riesgos moderados con las ventajas de la liquidez bursátil.

• Créditos, Incentivos y Exenciones.

 Si bien es cierto, los créditos forestales han sido limitados y de difícil acceso, este rubro está contemplado dentro de la política crediticia agropecuaria del país en cabeza de Finagro. Además, el Gobierno ha hecho esfuerzos por beneficiar con incentivos y exenciones tributarias al sector y fomentar su crecimiento, el problema radica en que dichas políticas han sido insuficientes para alcanzar las metas propuestas.

Actualmente, hay cerca de 320.000 has reforestadas en Colombia, lo cual representa solamente el 1.8 por ciento de las 17.313.006 has con aptitud forestal con las que cuenta el país. Estos resultados están muy lejos de la meta de dos millones de hectáreas sembradas para el 2025, propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF).

Sin embargo, no toda la responsabilidad de estos resultados obedece a la falta de crédito, ya que sus causas son múltiples y de diversa índole, entre otras: problemas de titulación de tierras, conflicto armado, minima investigación para desarrollar mejores semillas, déficit en la tecnificación de la producción y mal manejo de las plantaciones, limitaciones que bien merecerían un artículo aparte; pero por ahora, conviene profundizar en lo que concierne al financiamiento:

• Créditos de Fomento. Voceros de Finagro explicaron que los bancos son autónomos y responsables por el análisis y aprobación de las solicitudes de crédito; y por ello, aunque la entidad administra las líneas, son los intermediaros financieros que trabajan bajo este esquema, quienes determinan y ejecutan la entrega de los dineros.

El procedimiento para acceder a los recursos de fomento, indica que el trámite del crédito lo deben efectuar directamente los reforestadores ante un intermediario financiero, diligenciando la ‘Solicitud de Crédito Agropecuario y Rural’ de Finagro, presentando un proyecto viable (técnica, financiera y ambientalmente) y cumpliendo con los requisitos exigidos por el banco para la aprobación de los créditos. Dentro de las líneas de fomento de Finagro, actualmente los reforestadores, tienen dos (2) opciones de crédito, que son:

a) A través de la línea de inversión para siembra –código 151150– y renovación de bosques –código 151151–, con una financiación hasta del 80 por ciento, con relación al total de los costos directos de la inversión, y con un plazo acorde con el ciclo productivo del cultivo y una tasa de interés, de acuerdo al tipo de productor, establecida en las condiciones vigentes 2010.

• A través de la línea por el Programa Agro, Ingreso Seguro “AIS”, también para siembra y renovación de bosques, con una financiación hasta del 80 por ciento en relación al total de los costos directos de la inversión y un plazo hasta 15 años, con período de gracia y se podrán pactar acordes con el flujo de caja del proyecto productivo. La tasa de interés de acuerdo al tipo de productor establecido para esta línea de crédito.

A pesar de que el Gobierno, como consecuencia de las inconsistencias que se evidenciaron el año pasado en las líneas de riego, incrementó las tasas de interés y redujo el tope máximo de los prestamos, el programa AIS continúa siendo una excelente alternativa de financiación para los reforestadores, ya que con las condiciones actuales el esquema otorga préstamos, hasta por $2.000 millones individual y $10.000 millones, para alianzas asociativas de medianos y grandes productores, a una tasa de DTF + 2 por ciento; lo que actualmente equivaldría a 6.1 por ciento efectivo anual, sin duda, un costo crediticio viable y que cumple con las características de rentabilidad del negocio forestal.

De otra parte, Finagro cuenta con instrumentos como: el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) que facilita el acceso al crédito agropecuario a los productores que no pueden ofrecer las garantías exigidas por los bancos. La cobertura de la garantía para el pequeño productor es de hasta 80 por ciento del valor del crédito, con un pago de comisión anual anticipada sobre el valor garantizado del 1.5 por ciento. Para el mediano productor, hasta 75 por ciento con créditos hasta $180 millones (350 smlmv) y comisión del 3.75 por ciento o hasta 60 por ciento para créditos mayores a dicho monto y comisión del 3 por ciento. Por último, para el gran productor hasta 50 por ciento, con una comisión del 4.5 por ciento.

• Incentivos y exenciones: Según explica el economista forestal Israel Acosta Contreras, en su análisis titulado: “Incentivos para la reforestación Comercial en Colombia¹”, por principio, los incentivos directos, diseñados por el Gobierno para apoyar la actividad forestal, no son un mecanismo de financiamiento; sin embargo, tienen un efecto económico positivo en la rentabilidad de la inversión y contribuyen a mantener y hacer viable las plantaciones comerciales.

Tres incentivos directos de este tipo están vigentes en el país: el Certificado de Incentivo Forestal (CIF); el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y los incentivos en impuestos o exenciones tributarias.

 El CIF es quizás la principal herramienta que ha utilizado el Estado para fomentar los cultivos forestales y consiste en un pago en dinero que reconoce el 50 por ciento de la inversión en especies introducidas y el 75 por ciento de la inversión en especies autóctonas, para financiar el establecimiento y mantenimiento de nuevas plantaciones forestales, desde el segundo hasta el quinto año.

Las solicitudes y asignaciones del CIF las administra el Ministerio de Agricultura; por su parte,    Finagro realiza el pago de los recursos a cargo del presupuesto nacional. Por lo anterior, todos los trámites relacionados para acceder a este incentivo deben realizarse directamente ante el Ministerio.

El ICR es un abono no reintegrable que realiza Finagro directamente al saldo del crédito que previamente el empresario ha adquirido con esta entidad; los recursos provienen directamente del presupuesto nacional. El ICR para pequeño productor es de hasta el 40 por ciento y para mediano o gran productor es de hasta el 20 por ciento de la deuda.

La reforestación comercial tienen acceso al ICR del 40 por ciento, independientemente del tipo de productor, cuando se siembra de 1 hasta 50 hectáreas. No obstante, a final de agosto del año pasado se cerraron las inscripciones en el registro del ICR, para medianos y grandes productores, porque se agotaron los recursos; por ahora se está a la espera de la reapertura del programa.

Las exenciones tributarias son sin duda una gran herramienta para incentivar la inversión en el sector, ya que aumentan el panorama de oportunidades a los posibles inversionistas. Para la reforestación comercial los beneficios tributarios e incentivos para inversiones benefician, principalmente, los impuestos sobre la renta. (Ver cuadro 4).

En teoría, tanto incentivos como beneficios tributarios fueron concebidos para fomentar la reforestación en el país, sin embargo en Colombia el atraso forestal evidencia que éstos no han sido suficientes para cumplir las expectativas propuestas.

Frente a ello, Acosta Contreras opina que tanto el CIF como el ICR tienen limitaciones que impiden una eficacia mayor. En primer lugar explica que no hay información apropiada para identificar la efectividad de los incentivos y por ello no es posible determinar los reales impactos de éstos sobre los inversionistas.

Tampoco se puede establecer con certeza el monto de los recursos necesarios para fondear el sector, por lo que casi siempre se quedan cortos. Así mismo, preocupa la disponibilidad presupuestal y la incertidumbre que rodea los programas, y por si fuera poco, el otorgamiento del CIF elimina el derecho a beneficiarse de otros incentivos o exenciones tributarias que la ley provea al sector forestal.

En el caso particular del ICR, el economista explica que para acceder al beneficio el proyecto, entre otras cosas, debe haber sido financiado con recursos de Finagro mínimo en un 40 por ciento del total de la inversión. Sin embargo, no hay ningún proyecto forestal de largo plazo que se haya financiado con las líneas normales de crédito de Finagro en este porcentaje; en consecuencia, el ICR está fuera del alcance de la reforestación comercial.

A Modo de Conclusión

El crédito es sólo un eslabón roto de la cadena y no se puede analizar de manera aislada y superficial.

Por sí sola, la nueva Ley 1377 no garantiza que los intermediaros financieros cambien su renuente posición respecto al financiamiento reforestador, por lo tanto es indispensable fomentar la ‘cultura forestal’, invertir en capacitación, asistencia técnica, desarrollo genético y en la industrialización del sector. Hay que mostrarles a los banqueros proyectos exitosos, con buen manejo y sobre todo, rentables; para lo cual, habrá que apoyar y contribuir a la construcción de mecanismos para la recolección y acceso de la información forestal con fines comerciales. No se puede perder más tiempo.

El sector necesita de inversores de talla mundial; los fondos ‘Timos’ y ‘Reits’ ofrecen oportunidades de financiación a largo plazo pues su mentalidad está lejos del tradicional y cortoplacista sistema financiero.

La industria requiere incentivos más eficientes, que lleguen a tiempo y con partidas presupuestarias independientes, para lograr una mayor cobertura. Es cierto que hay esfuerzos muy importantes como El Fondo de Inversión Forestal Colombia, el CIF y el programa AIS, pero está demostrado que, si bien son valiosos, no son suficientes.

Para el economista forestal, Israel Acosta, la clave está en combinar una estrategia que incluya incentivos estructurares de tipo macroeconómico: una tasa de cambio competitiva, beneficios en impuestos generales y tasas de interés flexibles; junto a políticas que beneficien directamente el sector como mejores precios de insumos y productos y minimizar las restricciones al comercio. Un buen ejemplo lo constituye la nueva política de Zonas Francas.

Citas

• Reforestación en Colombia, Visión de Futuro 2007. Publicación de Fedemaderas con el apoyo de la Fundación Konrad

Fuentes

• Alejandra Ospitia. Directora ejecutiva de Fedemaderas. fedemaderas@gmail.com
• Camila Acevedo Correa. Comunicaciones Corporativas. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro. cacevedo@finagro.com.co
• Gustavo Barbosa Cobos. Presidente Grupo Kanguroid. gbarbosac@yahoo.com
• María Angela Córdoba Garcés. Vicepresidente Fondo de Inversión Forestal Colombia. mcordoba@laef.com
• Nelson Lozano. Coordinador nacional de la Cadena Forestal del MADR. nlozano@minagricultura.gov.co
• Oscar Daniel Cuellar Fernández. Analista Económico de Inteligencia Sectorial. Banco Agrario de Colombia. cuellar@bancoagrario.gov.co
• Víctor Manuel Nieto. Investigador asociado de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – Conif.
• proexport.gov.co. Informe: Invierta en Colombia. Sector Forestal, mayo 2009.
• minagricultura.gov.co www.mincomercio.gov.co/