Redacción M&M

Recientemente se firmó el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, documento por el cual las instituciones y la industria proveedora y compradora de los bienes provenientes del recurso natural, se comprometen a combatir el tráfico ilegal de madera, evitando su compra, entre otros aspectos.

Acorde con el proyecto de ley de la Unión Europea para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera y sus productos, y por ende basados en los principios de la Aplicación de la Legislación Forestal, Gobernanza y Comercio de los Bosques (FLEGT, por sus siglas en inglés) ⁽¹⁾, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (Minambiente), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Colombia), y otros actores de la cadena productiva ⁽²⁾, firmaron el pasado 27 de agosto el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. (Ver cuadro: Firmantes pacto intersectorial por la madera legal en Colombia). Ojo: Ubicar este cuadro: ‘Firmantes pacto intersectorial por la madera legal en Colombia’, en la segunda página del artículo.

Este acuerdo, que establece nuevas condiciones para la comercialización, distribución, transporte y uso de la madera, soportadas en la legislación nacional (ver recuadro Antecedentes Normativos), tiene como objetivo “asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales”, para favorecer así la implementación de prácticas de desarrollo sostenible y de gobernanza forestal.

El mismo, es resultado del diálogo y los esfuerzos que desde hace aproximadamente seis años adelantan diferentes actores como las comunidades que habitan y viven de los bosques, empresas madereras ⁽³⁾, ONG y entidades estatales, bajo el marco de la iniciativa FLEGT coordinada en Colombia por la WWF, la CARDER, y el Minambiente.

Antecedentes Normativos

• La Constitución Política de Colombia adopta el principio del Desarrollo Humano Sostenible para conciliar las necesidades de mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico; y asigna al Estado y a la sociedad civil y jurídica la obligación de proteger y conservar los recursos naturales de la Nación.
• La anterior obligatoriedad está definida dentro del marco de la Ley 99 de 1993. Dicha Ley también establece las responsabilidades directas del Minambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los departamentos y municipios del país, y el sector privado, que deben de ejercer las funciones de control, regularización, vigilancia,  de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables
• La Política de Bosques establece que el Minambiente, las CAR, las entidades territoriales, y otras instituciones, formularán y ejecutarán las estrategias necesarias para eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los actores de la cadena productiva sectorial.
• En el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) que define la cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y uso de los recursos forestales, y los procedimientos técnicos necesarios a fin de dar cumplimiento a las normas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los bosques.

Tala Ilegal en Colombia

En el mundo, la tala y el comercio ilegal de madera están relacionadas con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas; y las mismas responden a la débil o nula observancia y aplicación de la legislación forestal de cada país.

En Colombia, según las conclusiones del diálogo entre los actores de la cadena productiva recopiladas en el documento de la WWF ‘Memorias Simposio Internacional Gobernanza Forestal en Colombia’ (publicado en octubre de 2008), se señala que “las entidades encargadas de la aplicación y seguimiento de la política forestal no han seguido lineamientos unificados y coherentes; lo que sumado a la baja capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de otras entidades del Estado, la falta de veeduría ciudadana, el desconocimiento de las normas y los mecanismos sancionatorios, y los deficientes sistemas de control y seguimiento, ha fomentado el uso insostenible de los bosques, la corrupción y el tráfico ilícito de maderas”.

De hecho, este fenómeno alcanza en Colombia, según el Banco Mundial (BM), un 42 por ciento de la producción total de madera del cual, según cifras de la FAO, el 80 por ciento corresponde a la extracción ilegal de madera proveniente de bosques naturales –que comprenden unos 61 millones de hectáreas, incluyendo áreas protegidas como sectores de los Parques Nacionales Naturales de El Cocuy, Paramillo y Los Katíos–. Igualmente, de la cifra oficial cercana a los 2 millones de metros cúbicos de madera en troza de bosques naturales, que el país ha reportado a la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) como “madera legal”, en los últimos dos años, el BM afirma que al menos 1,5 millones de metros cúbicos se explotan, transportan y comercializan de manera ilegal.

Para afrontar las consecuencias negativas ambientales ⁽⁴⁾, sociales y económicas resultantes de esta práctica, los expertos en el tema insisten en la necesidad de mayores incentivos para el sector forestal, el establecimiento de precios justos por las maderas –pues mientras que los dueños de los bosques logran menores beneficios, en los eslabones al final de la cadena productiva, correspondientes a la comercialización, se obtienen las mayores ganancias–; y en la implementación de nuevas medidas cuya responsabilidad recaiga en los diferentes eslabones de la cadena productiva, desde los compradores de la materia prima, pasando por los transportadores y transformadores, hasta los consumidores finales de los productos de madera, a fin de garantizar que el recurso que se consuma provenga de actividades forestales sostenibles y legales.

Los Compromisos

Acorde con lo anterior, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, establece los compromisos que adquieren –según la naturaleza de sus funciones, ámbito y objetivos institucionales– las diferentes entidades e instituciones que participan en el; resumidos en acciones tendientes a impulsar las políticas necesarias para asegurar que el aprovechamiento, la transformación primaria y secundaria, el transporte, la comercialización y el uso de la madera y de sus derivados, bajo la normatividad forestal y ambiental del país, en los sectores forestal, minero, de la construcción, de la vivienda, del transporte, y público.

Para ello, se estableció el compromiso de llevar a cabo acciones individuales e interinstitucionales para adoptar códigos de conducta y políticas de adquisición, venta y compra responsable de madera o sus productos; para implementar mecanismos de verificación de la normatividad vigente y del origen de la madera y sus derivados; así como para definir e implementar otros acuerdos entre los proveedores, compradores y consumidores que garanticen precios razonables de retribución por las materias primas y su transformación.

Entre los objetivos específicos de la cadena productiva, el Pacto define, por ejemplo, el compromiso de los transportadores a movilizar maderas cuya procedencia sea certificada como legal; la obligación del Minambiente de utilizar madera o guadua que provengan de fuentes legales en sus proyectos de vivienda y desarrollo territorial –especialmente los que cuenten con algún tipo de promoción o financiación estatal– y la responsabilidad del sector de la construcción de adquirir maderas y sus insumos con certificado de legalidad, así como de promover entre los consumidores la compra de vivienda en los que se garantice que esta materia prima proviene de bosques explotados legalmente.

Cabe destacar que este acuerdo tiene una duración inicial de dos años, prorrogables de común acuerdo entre las partes signatarias por períodos anuales; y que el mismo está sujeto a las reformas que sean necesarias según el tiempo y la evolución de la situación de la actividad forestal.

Entre las experiencias del proyecto Bosques FLEGT / Colombia, se destaca la labor que la CARDER, en asocio con las Corporaciones Autónomas del Quindío, Tolima, Norte de Santander, la Fundación para el Desarrollo del Quindío, FDQ, Aldea Global, la GTZ, Asocars, y el Minambiente, han desarrollado en los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de Santander, a fin de contribuir al manejo forestal sostenible de la guadua, y al incremento de la producción y comercialización de los recursos forestales de pequeños y medianos productores a través de estrategias que permitan establecer e implementar lineamientos y de acciones que articulen los procesos operativos, jurídicos, administrativos y de prevención para el seguimiento, control y vigilancia en el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales con base en la gestión coordinada de las autoridades ambientales, la participación activa de los productores forestales y de la sociedad en general.

Dicho proyecto cuenta con un Comité en el que participan los directores de las entidades socias; una Coordinación Técnica General que recae en la CARDER, como entidad ejecutora; un equipo técnico que se articula con los funcionarios de las CAR y que trabaja en el tema de la aplicación de la legislación forestal; un Comité Técnico encargado de realizar el seguimiento y coordinar las actividades que se desarrollen; y una Mesa Temática alrededor de temas de bosque que cuenta con la participación de la Delegación de la Unión Europea, el Minambiente y otras organizaciones del país que ejecutan proyectos ambientales.

Después de dos años de trabajo, el proyecto ha adelantado procesos como la conceptualización sobre gobernanza forestal, la formulación de un plan de trabajo con la identificación de los actores responsables y de los beneficiarios del mismo, la concertación de acciones para cada departamento acorde a sus características y necesidades, así como su ejecución con el seguimiento y evaluación correspondiente.

La experiencia les ha permitido a los actores del proyecto ajustar las normas sobre el manejo y aprovechamiento forestal de la guadua, identificar los tiempos necesarios para otorgar permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, articular un mecanismo de información forestal estadística interinstitucional en el que además de las CAR mencionadas, participan las CAR de los departamentos de Caldas y del Valle del Cauca, participar en la formulación de los términos de referencia para la elaboración de los planes de manejo y aprovechamiento de la guadua, promover el incremento de operativos de control y vigilancia forestal.

Citas:

1. Ver artículo anterior ‘Hacia la Gobernanza de los Bosques’. Publicado en esta edición de La Revista M&M (64). Pág. XX
2. Entre ellas: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), Policía Nacional, Federación Nacional de Empresarios de la Guadua (FEDEGUADUA), Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Federación Colombiana de Transportes de Carga por Carretera (COLFECAR), Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Confederación Colombiana de Consumidores.
3. La iniciativa para promover la erradicación de la tala ilegal de madera se ha replicado en otros países de Suramérica como Ecuador en donde, liderada por la WWF y la FLEGT de la Unión Europea, se han realizado seminarios y foros radiales en los que las empresas sectoriales, las comunidades que viven en los bosques y las entidades locales encargadas de la gestión forestal han compartido sus experiencias, logros, fracasos y desafíos en el tema del manejo de los bosques; cuya conclusión es que se necesita implementar acciones conjuntas entre las entidades gubernamentales, los gremios, los propietarios de depósitos y aserríos, los manejadores y administradores del bosque y la ciudadanía en general compradora de productos transformados a fin de lograr la gobernanza activa de los bosques y sus recursos naturales. En Colombia, bajo el nombre de El proyecto Bosques FLEGT/Colombia se está trabajando para llegar a 4000 mil familias forestales, 20 organizaciones campesinas, 5 organizaciones o empresas de artesanos y 25 medianas y pequeñas empresas productoras o transformadoras de los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de Santander.
4. Se estima que hoy por hoy 21 especies maderables están es peligro de extinción, especialmente  aquellas con un alto valor comercial en los mercados nacionales e internacionales.

 Fuentes:
WWF Colombia, Periódico Portafolio, FAO.