Redacción M&M

Con el reciente debate sobre el proyecto de ley del Parlamento Europeo, que busca en el 2010, legalizar la comercialización de la madera, se abre un nuevo capítulo hacia la conservación legal y sostenible de los bosques tropicales.

El pasado 17 de febrero de 2009, el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo debatió un proyecto de ley que reglamentará el origen y control legal de cualquiera de las especies madereras que se vendan (para productos domésticos e importaciones) en el territorio de la Comunidad Europea ⁽¹⁾, y establece la responsabilidad del sector maderero en la comercialización de las mismas.

La norma –cuyos fines son combatir la tala ilegal especialmente en los bosques tropicales de los países en vías de desarrollo, mitigar la deforestación, apoyar los derechos de los indígenas y otorgar poder a las autoridades para imponer sanciones– es resultado de varios factores que han afectado también la actividad forestal en el mundo, como la desestabilización del mercado (debido a los bajos precios de la madera que ofrecen los traficantes), la competencia inequitativa (en la que son las empresas que cumplen las normas comerciales y ambientales existentes sobre la importación de maderas certificadas, las más perjudicadas), la disminución de los ingresos fiscales de los países productores de las mismas, y la reducción del empleo sectorial tanto en los países exportadores como importadores.

De cierto es que la tala ilegal es, actualmente, uno de los problemas que mayores implicaciones negativas tiene sobre el desarrollo forestal y ambiental de las naciones que la sufren pues, más allá del corte indiscriminado de árboles, se constituye en una violación de las leyes de cada país, causa graves daños al medio ambiente como la deforestación –la cual produce la quinta parte de los gases de efecto invernadero emitidos anualmente a la atmósfera–, la degradación de los bosques protegidos y nativos, la competencia desleal para quienes comercializan madera legar, por cuestiones de precio y falta de estímulos a su actividad, y la extinción de especies de flora y fauna propios de los ecosistemas afectados. De hecho, la Amazonía, Rusia, el Sudeste asiático y África Central, y cerca de 70 países alrededor del mundo son víctimas de este delito.

 La Tala Ilegal en Cifras.

• Representa entre un 20 y un 40% de la producción mundial de maderas.
• Cerca de 13 millones de hectáreas de bosque natural se pierden anualmente, en el mundo, por esta razón. En la Amazonía brasileña, el 80% de la explotación forestal es ilegal, cifra que también se repite en Bolivia; mientras que en Colombia representa un 42%. En Camerún esta actividad representa el 50%; y en Indonesia el 73%. Los anteriores son algunos de los países más afectados por esta práctica.
• La ONG WWF estima que entre el 16 y el 19%, es decir, entre 26,5 y 31 millones de metros cúbicos, de la madera importada por la Unión Europea es de procedencia ilegal. Las especies más apetecidas –por su resistencia, apariencia estética y durabilidad en las áreas de la construcción y diseño mobiliario– son Jatobá / Algarrobo (Hymenaea courbaril), Cañaguate Morado (Tabebuia serratifolia), Sucupira (Bowdichia nítida), Quinilla (Manikara bidentata), Caoba (Swietenia macrophyla) y Teca (Tectona grandis).
• La práctica mina muchos de los objetivos de desarrollo social. Según el Banco Mundial, entre 10 y 15 mil millones de dólares se pierden cada año por este concepto, hecho que reduce significativamente los fondos dirigidos a la implementación de programas educativos, sanitarios, sociales y/o ambientales.
• Está relacionada con tráfico de armas y drogas, abuso de los Derechos Humanos, corrupción, delincuencia organizada, pérdida del Estado de derecho, y conflictos bélicos regionales en los que los ingresos por las exportaciones, que representan el 0,8%, son utilizados para financiar la guerra.

Antecedentes

En abril de 2002, la comisión ambiental de la Unión Europea (UE) abrió el diálogo sobre las consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas de la tala ilegal, en el marco de un taller sobre el cumplimiento, por parte de los países miembros del tratado para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT por sus siglas en inglés), cuyo resultado fue la expedición, el 21 de mayo de 2003, del Plan de Acción de la UE sobre aplicación de las leyes FLEGT, en el cual se admiten la Gestión Forestal Sostenible (GFS)⁽²⁾ y la cooperación internacional, como los mecanismos efectivos para combatir las violaciones de la ley forestal y los crímenes forestales.

En su momento, si bien este documento ratificaba la voluntad de las naciones europeas para la implementación de buenas prácticas empresariales para la producción y comercialización de las maderas, varias organizaciones ambientalistas y empresas del sector, como la World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace, la Forests and the European Union Resource Network (FERN), IKEA, Homebase and Habitat o Unital (Unión de empresas madereras italianas); indicaron que el Plan carecía de otras medidas legales necesarias para la prohibición de las importaciones de madera y sus productos, procedentes de la tala ilegal.

Aspectos como el establecimiento de criterios sociales y ambientales, mínimos y comunes, para la financiación y asistencia técnica de proyectos forestales legales en los países productores, la promoción estatal del consumo de madera certificada, y el establecimiento de normas para garantizar la gestión sostenible de los bosques –y así ayudar a resolver los conflictos sociales originados a raíz de esta actividad– fueron algunas de las disposiciones propuestas por las anteriores a fin de exigir a la Unión Europea, su responsabilidad en el manejo legal de los bosques.

Dichas recomendaciones recogidas, entre 2005 y 2007, en el ‘Examen anual del mercado de productos forestales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)’, el ‘Estudio sobre los aspectos económicos del cambio climático’ del economista británico y experto en temas ambientales Nicholas Stern, y la Resolución de la Unión Europea para la aceleración de la ejecución del Plan de acción, sirvieron como fundamento para la redacción del proyecto de ley.

Campo de Aplicación

La Unión Europea, gran consumidora de productos derivados de la madera, define un proceso y un conjunto de medidas destinados a luchar contra el creciente problema de la tala ilegal de madera y el comercio asociado a esta práctica. El principal objetivo es mejorar la gobernanza de los países productores y crear pactos voluntarios (Voluntary Partnerships Agreemenst – VPA’s) con ellos, para que sólo entre en este territorio, madera talada legalmente”, afirma el proyecto de ley aprobado en febrero pasado.

Según Anke Schulmeister, oficial de Política Forestal de WWF, el mismo “tiene el potencial para reducir dramáticamente la tala ilegal y mitigar la deforestación”, pues “proporciona a todos los actores de la cadena de suministro de madera, las más claras indicaciones sobre qué necesitan hacer para confirmar la legalidad de sus productos, así como las consecuencias para quienes continúen incumpliendo la normatividad”; hecho que beneficiaría a las regiones que poseen aproximadamente un 60 por ciento de la superficie forestal mundial –África central, Rusia, la franja tropical de Sudamérica y el Sudeste asiático– y que representan una parte importante del comercio internacional de madera.

En efecto, la nueva medida establece las responsabilidades, derechos y deberes de cada una de las partes involucradas en esta industria; por eso dictamina que, para poder comercializar madera en la UE, los exportadores de ésta deben comprobar que el producto fue aprovechado de manera lega –desde la etapa de cosecha hasta su transporte– y a la vez propone el establecimiento de sistemas forestales sostenibles como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan los bosques –y así evitar acciones ilícitas–, y de certificación forestal voluntaria a fin de promocionar en el mercado el uso de productos con “sello verde”.

Además, obliga a la UE a iniciar un proceso de diálogo con aquellos países productores y consumidores de madera, para ampliar la colaboración internacional a fin de instaurar una normatividad internacional que favorezca la regulación de la comercialización de esta materia prima y sus productos. En este sentido, las naciones de la Comunidad Europea deben asistir a los países madereros y a sus gobiernos en la consecución de soluciones efectivas y justas a la explotación ilícita de los bosques, especialmente para los grupos más vulnerables como las comunidades que habitan en ellos, a través de políticas para regular la propiedad de las tierras, el acceso a los recursos forestales, y los sistemas para reforzar las capacidades técnicas e institucionales de los poderes públicos, la sociedad civil y el sector privado.

En relación al sector privado, la UE propone algunas iniciativas para fomentar las buenas prácticas empresariales –para la financiación e inversión de las instituciones financieras en el sector forestal– las cuales deberán evaluar el impacto medioambiental y social de los préstamos e inversiones y definir los parámetros para analizar el cumplimiento de la legislación, en cuestión, por parte de las empresas del sector.

 En cuanto a las responsabilidades directas de los gobiernos europeos, la norma interviene en los aspectos referentes a la Contratación pública o compras estatales de madera, precisando la prohibición de la compra de madera ilegal y la exigencia de licencias o certificados de legalidad para comprobar el origen legal del recurso.

Cabe destacar que, actualmente, el criterio de adjudicación pública que suele prevalecer para seleccionar el proponente, es el del “precio más bajo o el más ventajoso económicamente”, sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental, económica y social de las empresas forestales proveedoras de la madera y sus productos, de allí que la Ley amparará la venta e importación de la mayor parte de los productos forestales, incluyendo biomasa.

Además, cabe destacar el poder que la norma otorga a las autoridades de cada país de la Comunidad Europea, para castigar a quienes incumplan la legislación e investigar los hechos que rodeen el tráfico ilegal de madera y/o sus productos. Entre las sanciones previstas, está el pago de una multa hasta de cinco veces el valor de los productos procesados, la incautación de los mismos, el incremento del valor sancionatorio y el cierre de las actividades comerciales, en caso de reincidencia. Igualmente, entre los procedimientos investigativos, las autoridades podrían exigir a los operadores infractores, información sobre el lugar de procedencia de la madera, su proveedor y/ocomprador final en los países de la UE; además de realizar controles a la cadena de abastecimiento para hallar hechos ilícitos.

Aunque se prevé que este proyecto de ley sea aprobado por los ministros responsables del tema de bosques, para las naciones miembro de la UE, el documento se constituye en una medida eficaz para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera y así alcanzar el equilibrio necesario de este insumo en el mercado internacional.

Con este consenso, entre el Parlamento Europeo y los países que lo conforman, se está dando paso a una nueva relación, en la que todas las partes de la cadena productiva maderera intervienen y comparten la responsabilidad frente a la protección y cuidado de los bosques del mundo, y por ende, la de conservar este recurso forestal natural y renovable.

Gobernanza forestal, ¿Qué es?

Este concepto hace referencia a los mecanismos legales, económicos, políticos y sociales, por medio de los cuales las comunidades regulan el manejo de los bosques, bajo parámetros de la gestión sostenible de los mismos. En este sentido, la gobernanza exige la acción colectiva para definir las prioridades, metas, mecanismos de regulación y rendición de cuentas, y los servicios que en contraprestación, se pueden obtener del aprovechamiento de los bosques.

Como en un gobierno, la gobernanza supone la existencia de un representante legal, normas y un marco sancionatorio a fin de optimizar el proceso. Según el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, una débil gobernanza forestal es sinónimo de deforestación, degradación de los recursos forestales, tala ilegal, o sobre explotación de los bosques.

Bosques Primarios

Son aquellos de gran extensión territorial que se conservan de forma natural, pues no han sufrido la intervención de alguna de las actividades humanas, y cuya evolución es resultado de los fenómenos naturales que los transforman para garantizar la existencia de los ecosistemas. En otras palabras, se entiende como bosque primario aquel que aún se conserva en estado virgen y que, por lo mismo, guarda diferentes especies de flora y fauna de gran importancia para el equilibrio ecológico; de hecho, en ellos residen dos terceras partes de la biodiversidad terrestre, además de los últimos pueblos indígenas del planeta.

No obstante, según la ONG Greenpeace, el 80% de estos bosques han sido alterados por la mano del hombre, y el 20% restante está en peligro de extinción por actividades como la explotación minera, petrolera o forestal; la expansión de la agricultura y la ganadería; y la rápida urbanización y colonización; lo que representa unos 6 millones de hectáreas de bosque primario que se pierden anualmente a raíz de la tala ilegal de madera. Los últimos grandes bosques primarios son: el tropical amazónico, el templado de Sudamérica, el de Norteamérica, el europeo, el de la taiga siberiana, y las selvas del sudeste asiático y la tropical de África central.

Citas
1.    La Comunidad Europea, creada en 1991, está conformada por 27 países de la región.

2. La FAO calcula que menos del 8% de la superficie forestal, a nivel mundial, posee el sello verde o ecológico, y menos el 5% de los bosques tropicales se gestionan de forma sostenible.
3. Aunque lo conveniente es que las entidades dedicadas a la actividad forestal sean las que ejerzan este poder, las naciones son autónomas de escoger la autoridad competente para tal fin.
4. En Colombia se realizó, entre el 7 y 9 de octubre de 2008, el Simposio Internacional de Gobernanza Forestal en Colombia. Algunas de las entidades participantes fueron el Centro de Agricultura Tropical Investigación y Enseñanza – CATIE, el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Fedemaderas y Fedeguaduas, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Policía Nacional Ambiental, y las CAR de cada región. En Ecuador se realizó, el 21 de Mayo de 2009, un debate nacional radial sobre la promoción del mecanismo de Compras Responsables que contó con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  (UICN), Rainforest Alliance, y la WWF Bolivia.