Miguel Rodríguez

Biólogo

Como instrumento de política, tienen los incentivos, el objetivo motivar a la sociedad o a un sector de esta para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades que realiza. A propósito del sector forestal colombiano, ha anunciado el Gobierno su intención de financiar con cerca de cuatrocientos treinta mil millones de pesos, el programa que promueve la reforestación con el objetivo que, una vez termine el actual mandato, se hayan establecido 600.000 nuevas hectáreas con plantaciones forestales.

Esta inversión requiere, igualmente, que el sector privado disponga de 1.89 veces la cantidad asignada por el Estado para alcanzar las metas de nuevas siembras propuestas, pero que en total requerirán, las siembras, cerca de novecientos trece mil millones de pesos provenientes del Certificado de Incentivo Forestal – CIF; el que a su vez representa el 31.2 por ciento de la inversión total que realizarán los beneficiarios del programa, en estas nuevas plantaciones forestales.

Estima el Estado que sus inversiones en el sector forestal se recuperaran con significativos rendimientos, ya sea por el ingreso de divisas o por la vía de los diferentes impuestos, una vez que se cosechen las plantaciones y sus productos se comercialicen en los mercados nacionales o internacionales. Conseguir, consecuentemente estos objetivos requiere, desde nuestra perspectiva, modificar o ajustar los criterios de asignación de los recursos con que el Estado incentiva un mejor desempeño de los productores, de quienes ya no solamente esperamos que establezcan miles de nuevas hectáreas. Entre los mencionados ajustes se destacan al menos los relacionados con las especies a plantar, la definición de los mercados objetivos a los que se dirige la producción, así como los estándares mínimos de productividad y rentabilidad; no de otra forma se garantiza la consecución de los objetivos de las inversiones ya anotadas.

Se caracteriza la ecología colombiana por la existencia de múltiples especies forestales que –en expresión de muchos– poseen múltiples potencialidades para reforestar y proveer a la sociedad de variadísimos bienes y servicios, razón por la cual un extenso listado de especies se incluyen dentro del conjunto de aquellas sobre las cuales el estado proporciona incentivos. Transcurridos ya  cerca de cinco lustros de existencia del Certificado de Incentivo Forestal – CIF, nada nos demuestra que con tal multitud de especies se haya logrado capitalizar tales potencialidades, siendo solamente siete u ocho las especies con las que se consiguen adecuados resultados técnicos y económicos.

 Si bien es recomendable centrar los recursos en el conjunto de especies de ya reconocida adaptación a las condiciones nacionales, aún será conveniente establecer un estándar mínimo de productividad, asociado a la rentabilidad, como criterio para la asignación de los incentivos. Tales mínimos están, indudablemente, asociados con la adopción de las técnicas mas avanzadas de manejo por parte de los productores, muchas ya establecidas a través de la investigación en la que el Estado invirtió, entre el 2005 y el 2008, no menos de trece mil millones de pesos.

Establecer la productividad de las más importantes especies empleadas en la reforestación para todo el territorio colombiano, debe constituirse en un propósito de las autoridades y de los productores, proceso que, dados los niveles de desarrollo alcanzados, requiere de la aplicación de técnicas de predicción, como los modelos 3PG o del CREFT desarrollado por el Ministerio de Agricultura en asocio con Cenicafé y un pool de empresas forestales nacionales.

En tercer lugar, dirigir los incentivos a las áreas en que ya existen o se proyectan amplios y suficientes desarrollos industriales que permitan transformar la madera en los productos que demanda la población, sería otro de los criterios a incluir dentro de los necesarios para que las inversiones del Estado, sus incentivos, consigan sus propósitos en razón a que la distancia de los núcleos forestales a los centros de transformación es una de las variables económicas que mayor peso tiene en la ecuación de la rentabilidad y por lo tanto, de la competitividad. Política equivocada será entonces la de incentivar las plantaciones en lugares distantes de los centros de consumo, muy productivos para las especies mejor adaptadas, pero sin infraestructura de vías o de energía, a pesar que con estas se alcancen las metas de área plantada.

Que como resultado de la aplicación de criterios de selección, como los anteriormente propuestos, para la asignación de los incentivos a la reforestación se genere un sistema que discrimine a sectores de la población con “derecho” a los incentivos es, sin lugar a dudas, una de las preocupaciones que surge a la administración del Estado.

No obstante, es la evaluación de la política de asignación de incentivos, hasta ahora aplicada, la que permitirá disipar tales dudas pues, queremos de nuestros gobernantes, que los recursos del Estado los direccionen y apliquen bajo los principios de eficiencia en lo referente a los costos y los beneficios marginales del programa, junto con la equidad, considerando en el caso de está última que los beneficios que genere la aplicación de los incentivos va dirigida a conseguir que el sector forestal se constituya en motor de desarrollo de la población colombiana, de toda la población.

En otras palabras, pongamos la plata donde mejor rinda.